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Organizaciones de la sociedad civil y el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, manifestaron su preocupación por el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estudie el fondo de la legalidad sobre el cambio de reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles.
Esto, luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá emitió un dictamen en el que solicitó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, remitir el asunto, del cual aún no hay proyecto de resolución, a la Primera Sala para que sea allí y no en el pleno de la Corte donde se resuelva el caso.
Ayer en el edificio sede de la Corte, el presidente municipal de Hidalgo de Parral, Alfredo Lozoya, quien tramitó la controversia constitucional, presentó un escrito en el que solicitó a la SCJN que respete el acuerdo general dictado el 8 de julio pasado en el que se indicó que los 11 ministros en pleno resolverían sobre la legalidad del cambio de reglas de operación decretado desde febrero pasado.
“Sería una muy mala señal que nos cambien a una sala de la Suprema Corte sin respetar el acuerdo, yo creo que ya estaríamos cayendo en un proceso muy viciado.
“Si nos salimos de que el pleno sea el que resuelva este problema que ha sido de gran impacto para la sociedad mexicana tendríamos una seria intromisión en la división de poderes”, indicó.
La petición fue acompañada por representantes de Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quienes acudieron a la Corte a presentar un amicus curiae para abonar al debate y a la resolución que eventualmente dicte el máximo tribunal.
“Nosotros respaldamos que sea en el pleno donde se resuelva, porque en la sala ya no se daría una discusión pública del asunto, es decir, simplemente vamos a conocer el resultado en una sesión pública en donde no tendríamos una postura fija de cada uno de los ministros y ministras, y si es en el pleno, por lo menos habrá publicidad en la postura de cada uno de ellos y ellas”, dijo Alex Alí Méndez, abogado del GIRE.
“El valor y la importancia que tiene que sea el pleno es que la Suprema Corte de Justicia, en este momento histórico del país, representa uno de los contrapesos más importantes para respetar el Estado de derecho”, afirmó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim.
