Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, expresidentes de la Cámara de Diputados, politólogos y constitucionalistas coincidieron en la necesidad de someter a un amplio debate la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para revisar las facultades del presidente de la Mesa Directiva en ambas cámaras a fin de evitar acciones unipersonales o el uso faccioso cuando se trate de presentar o no recursos de constitucionalidad.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, recordaron que antes de la decisión del actual presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ocurrieron los casos de la senadora Olga Sánchez Cordero, de no presentar una controversia contra el llamado decretazo sobre las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el de la expresidenta de San Lázaro, la panista Laura Rojas, contra un acuerdo presidencial para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
En tanto, el coordinador de la bancada albiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, adelantó que la próxima semana podrían reunirse las fracciones del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para analizar si son necesarios los ajustes al ordenamiento interno del Congreso: “Creo que estos temas los vamos a abordar la próxima semana. Voy a sentir el pulso de mis demás compañeros y compañeras. Tenemos que evaluar seriamente la pertinencia no sólo del reglamento como está, sino de la presidencia de Gutiérrez Luna”.
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El senador del PAN Damián Zepeda consideró necesario reformar la ley para evitar atribuciones excesivas por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado. “Presenté una iniciativa para cambiar las facultades de las mesas directivas del Congreso, porque está fuera de lugar que una persona, sea quien sea, tenga la facultad de presentar o no denuncias, de presentar controversias constitucionales”, dijo.
“Deberían ser decisiones avaladas por el pleno o por lo menos contar con un porcentaje mínimo de procedencia. Es hora de reformar la ley”, destacó.
Por su parte, la vicecoordinadora de la fracción perredista en la Cámara Baja, Elizabeth López, señaló que se deben realizar cambios a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para delimitar las funciones de los presidentes de la Mesa Directiva de ambas cámaras y establecer sanciones para quienes las transgredan.
“Es indispensable que al presidente de la Mesa Directiva, tanto de la Cámara [Baja] como del Senado, les [quede] claro que no se representa a sí mismos ni a una fracción parlamentaria, sino a los propios intereses del Congreso de la Unión”, señaló.
En esta línea se pronunció también la vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el recinto legislativo de San Lázaro, Mirza Flores, quien señaló que existe una latente preocupación por la manera en que Morena utiliza facciosamente los espacios de toma de decisiones, porque sólo representa la agenda del Presidente de la República.
“Necesitamos delimitar las funciones de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para que no se extralimiten. Lo que también tenemos que hacer es levantar la voz permanentemente para señalar cuando ocurran arbitrariedades, y no solamente que quede con modificaciones en un ordenamiento”, externó.
A su vez, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que se debe actuar con mesura para que el Congreso esté representado en tiempos de recesos, y pidió no irse a los extremos para cambiar el reglamento interno del Poder Legislativo.
“Es importante que se actúe mesuradamente y se reflexione al respecto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que sucede. Quienes hoy se quejan de lo que hizo Sergio Gutiérrez, pues antes defendían este tipo de episodios. Porque ya hubo un antecedente de esto en la 64 Legislatura, cuando la presidencia de la Mesa Directiva estaba a cargo de Laura Rojas, quien hizo exactamente lo mismo”, dijo.
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A su vez, senadores del PAN y PRI calificaron como penosa la actuación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, luego de que desistió de la denuncia contra seis consejeros del INE, ya que señalaron que el morenista actúa como empleado del presidente Andrés Manuel López Obrador y no como representante de un Poder autónomo.
Erandi Bermúdez, senador del PAN, lamentó que Sergio Gutiérrez actúe como empleado de Palacio Nacional, como Oficialía de Partes de los mandatos presidenciales, “como un verdadero lacayo que está atento a los deseos y órdenes del Presidente”.
Por su parte, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró correcto que se retire la denuncia contra los consejeros del INE, pues no se puede estar hostigando a un organismo autónomo; descartó que se requiera una reforma para evitar exabruptos como los del presidente de la Cámara Baja.
Dulce María Sauri, expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que el actuar de Sergio Gutiérrez está basado en fundamentos políticos, lo que puede enrarecer el trabajo legislativo en San Lázaro.
“El presidente no representa a un grupo parlamentario, representa a 500 diputados de todas las bancadas. Cuando presidí la cámara, yo era parte de la bancada del PRI, pero las decisiones que tomé fueron en función clarísimamente de la ley y, desde luego, de la pluralidad política; algunas de ellas generaron incluso inconformidades de mi bancada, pero esa es la función de la presidencia, privilegiar la pluralidad política”, apuntó quien fue la predecesora de Gutiérrez Luna.
Por su parte, Laura Rojas, quien presidió la Cámara Baja en el segundo año de la 64 Legislatura, consideró que el diputado de Morena si bien tiene facultades legales para proceder, está partidizando la posición porque todos los actores de Morena salieron a atacar al INE.
“Me parece que está actuando más como militante de Morena y tomando posición partidista que como un presidente que debe privilegiar la institucionalidad y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”, opinó.
Por separado, el politólogo Alberto Aziz y el constitucionalista Francisco Burgoa consideraron que sí debe haber una revisión de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
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