El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que esperan que el gobierno Federal ya esté previendo los instrumentos legales a los que el Estado mexicano puede acceder en el caso de que Estado Unidos, aplique el 5% de aranceles a los productos mexicanos a partir del lunes.
En un comunicado, la bancada del tricolor dijo que esto se puede hacer en atención a los compromisos con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Explicaron que la unidad nacional se construye escuchando a todas las voces que representan la amplia pluralidad democrática del país. “Sirva esta compleja coyuntura internacional para iniciar una etapa de apertura al diálogo nacional, donde las diferentes opiniones tengan espacio de expresión libre, para construir juntos las mejores alternativas de solución a los problemas que enfrenta el país. El pueblo de México merece unidad, diálogo constructivo y suma de voluntades al servicio de la patria” .
En este contexto, los priístas hicieron un llamado al gobierno Federal de México a que defina urgentemente una estrategia integral para hacer frente a esta amenaza a nuestra nación, evitando las ocurrencias y las improvisaciones.
“Frente al insulto y las expresiones desmesuradas que buscan ejercer presión y lastimar la relación bilateral con EU , es indispensable que el gobierno de la República actúe con toda firmeza y exija respeto a nuestra Nación y defienda la dignidad de las y los mexicanos. Son inadmisibles las descalificaciones en el marco de factores distintos a la agenda comercial. Es imperativo hacer valer nuestros intereses y tomar acciones contundentes en el ámbito diplomático y legal ante amagos que no corresponden a la buena vecindad entre nuestros países”, resaltaron.
Argumentaron que en su experiencia, la única forma de defender a los mexicanos es con propuestas concretas en materia económica, comercial, de seguridad y diplomática , así como trabajo en conjunto para enfrentar el fenómeno de la migración.
“El gobierno de la República está obligado a implementar, con inteligencia, capacidad y dignidad, medidas concretas que brinden soluciones de fondo para resolver, junto con otros países involucrados, las causas y consecuencias de la migración de personas".