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Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Internacional de Juristas y Freedom House, entre otras organizaciones civiles, hicieron un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
A través de un comunicado, expresó que las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional.
“El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditada por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”, señalaron.
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Expresaron que las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público.
Indicaron que las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil.
Argumentó que hasta el momento en ese país se han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública.
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“Condenamos el uso de este armamento y recordamos que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, refirieron.
aov/apr
