Piden no minimizar amenazas de deportaciones de Trump

Especialistas en temas migratorios advierten que el gobierno federal no debe desestimar las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la migración, sobre todo porque los connacionales que intentan ingresar de manera ilegal a esa nación ocupan el segundo sitio de aprehensiones en Latinoamérica, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“Los migrantes están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, envenenan la sangre del país y violan a jóvenes estadounidenses”, afirmó el candidato republicano días antes de los comicios en la Unión Americana.

Ya como ganador de las elecciones, señaló: “Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal”.

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La CBP reporta que durante el año fiscal 2024 de la Unión Americana, que comienza el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre del año siguiente, los migrantes mexicanos son el segundo grupo con más arrestos, con 653 mil 684, y están antecedidos por migrantes de diversas nacionalidades, como africanos, asiáticos, cubanos, etcétera, con un millón 82 mil 702. En tanto, los guatemaltecos alcanzan los 204 mil 252; hondureños, 140 mil 479, y salvadoreños, 53 mil 888.

El Departamento de Seguridad Nacional y el instituto de investigación Pew Research destacan que actualmente en territorio estadounidense radican unos 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales seis millones son mexicanos, a los que Trump planea deportar de manera masiva.

Los expertos argumentan que con el triunfo de Trump se recrudecerán los arrestos de personas en contexto de movilidad en la frontera norte y habrá mayor movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional y de agentes del INM en territorio nacional para evitar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos.

“A diferencia de su primer periodo presidencial, Trump pondrá la vara más alta en migración, con amenazas mayores, con planteamientos más xenófobos y racistas y con iniciativas como la amenaza de expulsar a 11 millones de personas de Estados Unidos, lo cual materialmente es tarea mayúscula”, expresa el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López.

Comenta que en la primera administración de Trump se vio su urgencia a frenar a toda costa la migración ilegal, que seguramente será uno de sus objetivos prioritarios cuando inicie su segundo mandato, en enero de 2025.

“Evidentemente, este seguirá siendo su propósito pero con la diferencia de que serán tonos mucho más agresivos, mucho más vociferantes, mucho más demandantes contra México”, expone.

Argumenta que la población migrante radicada en la Unión Americana “es la más amenazada. Es un ejercicio no sólo agresivo de derechos, violador de derechos, violentador de las familias, porque muchas personas tienen familias en Estados Unidos, violentador de comunidades, pero ese ejercicio tan violento como lo está planteando, y que son las expulsiones masivas, tienen un costo económico altísimo”.

López Guillén está convencido de que la dureza migratoria de Trump no impedirá que los migrantes sigan llegando a la frontera norte en busca del american dream.

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Cristina Hernández Engrandes, académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que en el gobierno federal persiste una falta del diagnóstico sobre por qué cada vez más mexicanos quieren ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense.

“Existe un número importante de población masculina mexicana de entre 25 y 35 años que es la que históricamente ha migrado por el tema laboral, pero ahora 80% de los mexicanos que están desplazándose para cruzar a Estados Unidos lo están haciendo por la violencia del crimen organizado”, precisa.

Resalta que por parte del régimen “no hay un reconocimiento de que tenemos un problema en ese sentido, hay un abandono institucional, pues nadie se está haciendo cargo de estas poblaciones que viven el horror de la violencia de los cárteles”.