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Es necesario que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rinda un informe al Senado sobre la justificación legal para decretar el cierre definitivo del penal de Puente Grande, Jalisco.
También se deben revisar las condiciones de traslado y la reubicación de los trabajadores, indicó la senadora Sylvana Beltrones, del PRI.
Exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que haga una investigación sobre las condiciones, traslados y reubicaciones, porque las autoridades respectivas no informaron a los familiares de los reos.
“El penal tenía espacio para albergar a mil 40 internos, por lo que al contar con una población de 376, tenía 664 espacios disponibles, lo que representaba 63% de disponibilidad y, por lo tanto, no tenía sobrepoblación”, aseguró.
El Cefereso número 2 Occidente, conocido como Puente Grande, contaba con 28 personas procesadas, de las cuales 12 fueron sentenciadas por el fuero común; del fuero federal había 215 y 121 sentenciados, para un total de 336.
El pasado 28 de septiembre, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, desincorporó del Sistema Penitenciario Federal al penal de Puente Grande.
En el documento se estableció que la Comisión de Prevención y Readaptación Social cerraría el penal y trasladaría a los presos a otros centros.
También se acordó que los derechos de los trabajadores serían respetados.
