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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx, organizaciones peticionarias en el caso del periodista asesinado Francisco Ortiz Franco, presentaron sus observaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reactivar el caso del fundador del semanario Zeta de Tijuana, asesinado en 2004, y en cuyo caso ninguna persona ha sido sentenciada como responsable de este crimen.
Ambas organizaciones destacaron que por el tiempo transcurrido de este asesinato, por tratarse de un periodista del semanario Zeta, uno de los medios mexicanos que más ataques ha sufrido en las últimas tres décadas, y por registrarse en un país en el que el riesgo para ejercer el periodismo es muy alto, es esencial que las autoridades no dejen este caso en la impunidad.
Francisco Ortiz Franco fue asesinado el 22 de junio de 2004 en Tijuana y, de acuerdo con los primeros datos periciales, se trató de un ataque bien planeado y consumado por un sicario entrenado que llegó como copiloto de una camioneta con placas fronterizas, de la que descendió y en segundos disparó al periodista, al menos, cinco veces.
Destaca que el ataque ocurrió a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado de Baja California); sin embargo, las autoridades no llegaron a auxiliar al periodista de inmediato.
Como editor del semanario, además de coordinar información de los reporteros y revisar los textos, Ortiz Franco escribía una columna y reportajes sobre política, inseguridad, corrupción y acerca de los grupos criminales que operaban en Baja California, particularmente en esa época el Cártel de Tijuana, organización delincuencial dedicada al tráfico de drogas y que lideraban los hermanos Arellano Félix, que era capaz de trasladar toneladas de cocaína de Colombia hasta California.
Por medio de una carta, la SIP y la Alianza de Medios Mx muestran detalladamente los documentos que prueban el abandono, el nulo avance del caso y serias dudas sobre las investigaciones a cargo del Estado mexicano.
En la misiva se demuestra que en el asesinato de este periodista existen evidencias de que no sólo fueron miembros del crimen organizado los involucrados, sino que tuvieron de cómplices a las autoridades de la ahora Fiscalía General de Baja California. A pesar de esto, la General de la República (FGR) dejó las pesquisas a cargo de la autoridad local.
A una solicitud de transparencia dirigida a la FGR, fechada en mayo pasado, sobre la situación legal del expediente del periodista y la petición de acceder a él, la dependencia respondió que no cuenta con el legajo sobre el crimen de Ortiz Franco.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de otra solicitud de transparencia, también fechada en mayo de este año, respondió que el expediente abierto hace 17 años “aún se encuentra en investigación”; al pedir conocer una versión pública de los documentos, la autoridad decretó su reserva, ya que encuadra en el supuesto legal de que, al darse a conocer, “se obstruiría la persecución de los delitos, aunado a que afectaría el debido proceso”.
La SIP y la Alianza de Medios Mx señala que conforme avanzaron las investigaciones, las propias autoridades mexicanas identificaron como el responsable del asesinato al Cártel de los Arellano Félix y como planificador, a uno de sus principales aliados y líderes de sicarios, Manuel Arturo Villarreal Heredia, quien fue detenido por la DEA como parte de la operación Shadow Game el 14 de agosto de 2006, junto a su jefe Francisco Javier Arellano Félix El Tigrillo, uno de los líderes del Cártel de Tijuana y quien podría haber ordenado el crimen.
Ambos narcotraficantes se declararon culpables en 2007 y ofrecieron colaborar, a cambio de no recibir una sentencia de muerte o de por vida en 2008.
“Es decir, desde hace 14 años los fiscales estadounidenses llegaron a un acuerdo con Villarreal Heredia y con Arellano Félix. Desde entonces, no se ha solicitado la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para interrogar nuevamente a los narcotraficantes sobre el crimen de Ortiz Franco, tampoco para sumar el expediente estadounidense a las investigaciones mexicanas. Todo esto aun cuando Villarreal Heredia y Arellano Félix son los principales sospechosos del homicidio”.
Las organizaciones indican que, bajo el pretexto de que se dañe la investigación y el debido proceso —el cual en casi dos décadas no ha mostrado avances—, la fiscalía impide la transparencia de ese expediente, por lo que hace imposible conocer los avances reales de las indagatorias y evaluar el trabajo de las autoridades.
La SIP y la Alianza de Medios Mx consideraron que no existe un argumento de peso que justifique 17 años sin que todos los responsables hayan sido detenidos y sentenciados en México por este homicidio.
“Es central considerar que este letargo en la justicia mexicana no es un hecho aislado, no sólo ha quedado demostrado en el caso del editor de Zeta, también de su compañero Héctor Félix Miranda, caso que también está en manos de la CIDH, y de casi un centenar de ataques a periodistas que han sido asesinados o han desaparecido en México por razones de su trabajo profesional en las últimas tres décadas, y que se mantienen sin justicia ni se conoce la verdad sobre los hechos”.
Ambas organizaciones periodísticas consideraron que, de continuar la misma dinámica por parte del Estado mexicano, se corre el riesgo que en unos años más —en menos de una década— el homicidio de Ortiz Franco prescriba legalmente y sea imposible, bajo la normatividad mexicana, el acceso a la justicia y la verdad.
“Por todo esto, se hace indispensable y urgente una acción contundente de la CIDH, que impida que continúe en este y otros casos la ausencia de justicia por el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que sólo está favoreciendo el agravamiento de las amenazas y riesgos de los periodistas en México”, señalaron.
La carta presentada fue firmada por Ricardo Trotti, director Ejecutivo de la SIP, y por Roberto Rock, representante de la Alianza de Medios Mx.
