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El magistrado Juan José Olvera pidió aclarar las razones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sobre la cancelación de la orden de aprehensión de Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que un juez de Control notificó esta determinación el martes pasado.
En conferencia de prensa, el magistrado señaló que el agente del ministerio público que había pedido la orden de aprehensión, solicitó a un juez una audiencia privada un día antes de que el Senado de la República discutiera la reforma al Poder Judicial, es decir, el 10 de septiembre de 2024.
“Lo atendió como si fuera un asunto urgente, que no lo era. No era un asunto urgente. El fiscal pidió esta audiencia como urgente y el juez reaccionó otorgando la audiencia de urgencia”, acusó Juan José Olvera, por lo que pidió que la Fiscalía de Veracruz aclare y transparente cuáles fueron los argumentos para cancelar la orden en contra del legislador.
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“Lo que tiene que revisar es por qué el fiscal pidió la orden; si tiene elementos, qué bueno que lo pidió, pero ¿por qué está pidiendo la cancelación?, y en este caso la reflexión obligada es ¿por qué se pidió la cancelación de la orden de aprehensión un día antes de la votación de esta reforma judicial en favor del senador que terminó por aportar el voto necesario para las dos terceras partes?”, dijo.
El 26 de noviembre pasado, el juez Óscar Luis Lozada Hernández, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, notificó a la jueza de Distrito que tiene a su cargo, la resolución del juicio de amparo que tramitó el senador.
Acusado por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, cuando se desempeñó como alcalde de Boca del Río, Veracruz.
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Cabe destacar que Yunes Márquez tuvo el voto decisivo de la aprobación de la reforma judicial, que Morena y sus aliados defendieron hasta cumplir el deseo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la juzgadora que retiró la solicitud de extradición que había hecho ante el gobierno de Estados Unidos, para que Yunes Márquez fuera detenido.
La jueza dio un plazo de tres días, contado a partir de la notificación, para que las autoridades estatales y federales informen y acrediten el estado procesal que guarda los actos reclamados por Miguel Ángel Yunes. De acuerdo con el legislador, las acusaciones en su contra datan de un caso de 2021, cuando fue denunciado por supuestamente presentar una constancia de residencia falsa.
