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Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las más de 4 mil personas desplazadas de manera forzosa que enfrentan una situación insostenible en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas como consecuencia de un conflicto histórico limítrofe entre las comunidades de ambos municipios.
El representante de ONU-DH apuntó que las personas desplazadas, muchas de ellas en una situación particular de vulnerabilidad, como niños, personas mayores y mujeres embarazadas, han sido forzadas a enfrentar condiciones precarias e inhumanas, incluyendo la falta de condiciones adecuadas de salud, la ausencia de un lugar de refugio adecuado y poco o nulo acceso al agua o a la alimentación, además de encontrarse en una situación continua de inseguridad.
"La trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección en los mismos", señaló.
Jarab manifestó que es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades.
Agregó que este proceso debería contar con el apoyo y la mediación de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil relevantes, para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Señaló que la ONU-DH hace un llamado para que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso sean cumplidas y reiteró la disposición de la ONU-DH de brindar su apoyo técnico al Estado mexicano para asegurar la resolución de este conflicto.
Recordó que durante su visita al país el mes pasado, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso y al término de su misión aludió la situación de las personas desplazadas forzosamente e hizo un llamado al estado a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados” y resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permit[a]n a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.
Jan Jarab indicó que la situación en Chiapas es una muestra de una problemática más amplia y el Estado mexicano debe reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y atenderlo de manera estructural, tomando en consideración "los diferentes orígenes y consecuencias que cada caso pueda plantear, dando una respuesta institucional y normativa a la problemática y aceptando así su responsabilidad en este tipo de situaciones, tal y como también lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
