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El grupo parlamentario de MC en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor , para que, con base en sus atribuciones, sancione a las empresas de transporte o de cualquier otro rubro, que no den servicios a extranjeros en contexto de movilidad humana .
A través de la diputada Elvia Yolanda Martínez, MC también propuso que la Cámara de Diputados exhorte al Instituto Nacional de Migración ( INM ), para que, con base en sus atribuciones, se abstenga de impedir y detener el libre tránsito por el territorio nacional de personas en contexto de movilidad humana.
En otro resolutivo del punto de acuerdo, la legisladora federal busca que se exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, con base en sus atribuciones, intervenga en la violación al derecho del libre tránsito de personas en contexto de movilidad humana por territorio nacional .
“La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el trato desigual de personas en contexto de movilidad humana en la venta de servicios de transporte”, solicita la legisladora.
La legisladora describe que el tráfico de personas se ha convertido en la actividad más lucrativa del crimen organizado, y dijo que es el 60% de los ingresos totales obtenidos por las empresas criminales. Es decir, que el tráfico de personas habría superado las ganancias aportadas por el contrabando de fentanilo o el trasiego de amapola y cocaína.
“Por otro lado, las empresas que prohíban la venta de algún servicio a cualquier persona de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, estarían incurriendo en un acto, estarían cayendo en actos discriminatorios , y de la no garantía de consumo justas”, define la legisladora de MC.
“Los migrantes nacionales y extranjeros, no son delincuentes, y de ninguna manera ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país. El Instituto Nacional de Migración se está extralimitando en sus facultades que tiene por ley, por lo cual debe permitir el libre tránsito de todas las personas en contexto de movilidad humana, tal y como lo estipula nuestra constitución, tratados internacionales y leyes nacionales, de lo contrario, el gobierno mexicano estaría violentando sus derechos humanos y fomentando el tráfico de personas que podría traer consecuencias muy graves que ya hemos visto en años anteriores”, define.
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