La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, expresó su preocupación por la reforma al Código Penal de Guerrero, que la Comisión de Justicia del Congreso de ese estado aprobó recientemente, que contempla excluyentes de responsabilidad penal específicas por el delito de aborto .

Mediante una carta dirigida este jueves al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Villanueva Vega , Gasman Zylbermann pidió que el pleno del Congreso guerrerense tenga en cuenta que la obligatoriedad de denunciar ante las autoridades para que se autorice interrumpir el embarazo producto de una violación obstaculiza el acceso de las víctimas a los servicios de salud y eleva el riesgo de que sean revictimizadas, debido al tiempo que implican los trámites burocráticos.

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La reforma, que sería votada en el pleno en próximos días, establece que la interrupción legal del embarazo sólo se permitirá antes de las doce semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente, entre otras condicionantes.

La titular del Inmujeres advirtitó que el requisito de que las víctimas menores de edad deban estar acompañadas de sus padres , tutores o representantes legales, ante las autoridades de salud y el Ministerio Público es contrario a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046). Dicha norma establece que sólo las niñas menores de 12 años deben estar acompañadas al momento de solicitar y recibir el servicio de Interrupción Legal del Embarazo.

Advirtió que aprobar el dictamen de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero implicaría un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación.

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También mencionó que con la propuesta de reforma se incrementarán los obstáculos ya existentes en la redacción del artículo 159 del Código Penal de Guerrero, al no favorecer la progresividad de derechos humanos ni de los derechos de las mujeres en Guerrero. Además, subrayó, no garantiza la protección más amplia de las víctimas de violación.

Por útlimo, pidió "garantizar a mujeres y niñas de la entidad el derecho a una vida libre de violencia, a la salud, a la justicia ya la vida" y ofreció asesoramiento técnico en la materia para que la toma de decisiones en el órgano estatal tome en cuenta los derechos de las mujeres y niñas.

apr/jcgp

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