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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello , llamó a enfrentar y superar la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 sin permitir decisiones autoritarias, concentración de facultades o de recursos en un poder; pérdida de derechos o hasta de democracia.
Cuando el miedo y la inseguridad cunden ante las sociedades estamos en la antesala de experiencias autoritarias, dijo al plantear que el coronavirus permeó rápidamente en todo el mundo, y alertar: hoy “hay quienes pretenden aprovechar la incertidumbre y el miedo para dar cauce a esas pulsiones autoritarias revestidas de medidas extraordinarias para supuestamente salir con rapidez de la crisis de salud en la que nos encontramos.
“Pero no nos engañemos, la concentración de atribuciones en una institución y la concentración de recursos públicos en un poder no puede traer nada bueno en sociedades plurales, complejas, democráticas”, dijo.
El consejero participó en el arranque del curso virtual Derechos Humanos, Democracia y Emergencia sanitaria Covid-19, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM y el Programa Universitario de Derechos Humanos, marco en el que planteó que la pandemias no son nuevas, por lo que salir de la actual “no debe implicar ni parálisis de la política ni desmantelamiento de las instituciones que nos ha costado tanto tiempo edificar”.
Consideró que sería lamentable que en el momento de mayor desarrollo científico e institucional de la historia y cuando se tienen fuentes de información prácticamente ilimitadas, “la pandemia nos orille a aceptar decisiones autoritarias que impliquen regresiones en nuestro estado democrático constitucional de derecho”.
Aunque el consejero no situó su advertencia en la situación que vive México, expuso que ante problemas extraordinarios “también los controles a los poderes deben tener una dimensión extraordinaria” .
Por eso planteó como necesario reivindicar las democracias, las instituciones y las elecciones “como un piso mínimo” no sólo de la democracia como mecanismo para la redistribución del poder político y para vigilar su ejercicio, sino para la toma de decisiones para “salir de la crisis sin perder derechos”.
La consejera del INE, Claudia Zavala, reconoció que por la emergencia sanitaria ninguno de los estados nacionales y organizaciones internacionales cuentan con protocolos de salvaguarda de derechos humanos, ni estaban prevenidos por ejemplo, para garantizar incluso el derecho a bien morir.
En esa circunstancia los gobiernos pueden extralimitarse e incluso abusar del poder en detrimento de los derechos humanos, y esos son los riesgos por los cuales hay que cuidar la democracia.
El escenario, dijo, se agudiza porque hay más desconfianza entre gobernantes y gobernados, desacuerdos entre gobiernos federal y estatales por la forma en que se atiende la epidemia o se ejercen los presupuestos, la exigencia de servicios de salud, las dudas de la ciudadanía sobre la información del gobierno y lamentablemente son poco atendidas la diversidad de opiniones e ideas.
A esto se suma que hay actores políticos “que rompen la más elemental ética política y se aprovechan de la situación de excepción para hacer promoción partidaria o personalizada. ¡Qué lamentable que no se camine con las reglas del juego democrático en esta emergencia¡”, indicó.
El director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, consideró que es justo en tiempos de crisis cuando se requiere una protección constitucional y jurídica reforzada que garantice derechos.
Recordó que ante el latente riesgo de contagios masivos se requirió de aislamiento y suspensión de actividades no esenciales, lo que a su vez afectó derechos al empleo, a la subsistencia por la falta de alimentación, a la educación, a la movilidad, a la no discriminación, de acceso a la justicia, a información pública o libertad de reunión.
Pero es necesario que los gobernados gocen de certeza jurídica y conocer el alcance de las normas que se aplican por la pandemia, y el alcance de las restricciones de derechos, en tanto que otros deben están más garantizados precisamente por la emergencia, entre ellos el de acceso a la información y el derecho a la verdad.
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