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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene pendientes por ejecutar dos órdenes de aprehensión en el caso de lavado de dinero contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Fuentes federales confirmaron que aunque Borge, identificado como líder de una red de lavado de dinero que causó un perjuicio al erario estatal de 900 millones 99 mil 418.17 pesos, y uno de sus principales operadores, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, están vinculados a proceso; aún faltan dos prestanombres más por capturar.
Se trata de Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado (Ipae), institución a través de la cual fueron vendidos 22 predios a precios de remate para favorecer a amigos y familiares del ex mandatario.
Como titular del Ipae, durante la administración de Borge, Romanillos integró los expedientes en los que se autorizó la compra-venta irregular de 22 predios de la reserva de Quintana Roo, por lo que su papel dentro de la red de lavado de dinero fue clave.
Otra persona pendiente de capturar es María de Lourdes Piñelo Nieto, identificada como colaboradora personal de María Rosa Yolanda Angulo Castilla y Roberto Borge Martín, padres del ex gobernador.
Piñelo Nieto aparece como accionista de cinco de las empresas fachada que fueron utilizadas para el blanqueo del origen de los terrenos adquiridos ilícitamente por la red de lavado de dinero.
De igual forma, figura como propietaria de 5% de las acciones de esas empresas.
