ariadna.garcia@eluniversal.com.mx
El coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, dio a conocer que desde 2014 México ha tenido un aumento considerable en las solicitudes de refugio.
De 2014 a 2018, el número de solicitantes de refugio pasó de 137 a 26 mil 566. Se espera cerrar este año con 28 mil, de los cuales se estima que 25% son niños y adolescentes.
El país tiene capacidad, aseguró, para atender estas solicitudes de refugio, por lo que establecer mecanismos de articulación será central para darle seguimiento a este tema.
El representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, indicó que más de la tercera parte de la niñez y adolescencia que llega a México tienen la condición de refugiados, por lo que es primordial establecer un plan de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes no acompañados que requieren una respuesta inmediata, sobre todo en la frontera sur.
Ayer se llevó a cabo una reunión preparatoria para instalar la Comisión de Niñez Migrante y Solicitante de Refugio, para establecer un plan de acción prioritario de protección y garantizar los derechos humanos de este sector de migrantes en México.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, expuso que el gobierno tiene la voluntad política de trabajar en favor de este sector de la población, en colaboración de 11 dependencias, tres comisiones del Senado, cuatro comisiones de la Cámara de Diputados, tres agencias internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, que estarán coordinadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
El quinto visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo, indicó que además de las acciones de este órgano, será necesario un trabajo de integración social para evitar el rechazo, además de la importancia de evitar que niñez y adolescencia migrante permanezca en estaciones migratorias y se establezca un plan de restitución de derechos.
