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Politólogos y abogados coincidieron en que el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las tres carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto responden a un discurso mediático con fines electorales.
Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que lejos de ser un acto de transparencia, la difusión de esas investigaciones es un acto mediático que busca la especulación.
“También se violentan todas las formalidades de un debido proceso, se vulneran los derechos humanos y el principio de secrecía que debería garantizar la FGR. Además, violenta un principio de investigación y la presunción de inocencia”, advirtió.
Recordó que el país está en la antesala de las elecciones del Estado de México en 2023, que son la joya de la corona del proceso.
Sobre las acusaciones de la fiscalía, subrayó que no se pueden congelar las cuentas de Peña Nieto, ya que no se encuentra en las listas de personas investigadas por agencias internacionales por presuntas conductas ilícitas.
“El gobierno mexicano antes de cumplir con la judicialización, le da más por la socialización que vulnera las formalidades del debido proceso”, destacó.
El abogado explicó que en caso de emprender un proceso contra el expresidente, primero debería someterse a un juicio de procedencia y posteriormente iniciar la judicialización en su contra para que pueda proceder alguna causa penal.
Afirmó que la FGR no reúne los elementos suficientes para probar las acusaciones por delitos electorales ni enriquecimiento ilícito, porque adolecen de irregularidades de origen.
Víctor Alarcón Olguín, politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que el anuncio de la FGR es pura pirotecnia discursiva, hasta que no existan acciones concretas como una vinculación a proceso.
El analista dijo que si bien no hay evidencias de un pacto de impunidad, sí es llamativo que no hubiera procedido contra el expresidente Peña Nieto en congruencia con sus promesas de campaña y combate a la corrupción.
“Lo único que tiene es ser un distractor político, un elemento de presión para aquellas personas a las que les están diciendo que dependen mientras de ellas, eso también es susceptible a ser cuestionado como un acto de manipulación”, expuso.
Precisó que podría ser una medida del Presidente ante la posibilidad de que Peña Nieto se involucre en las elecciones del Estado de México.
Édgar Ortiz Arellano, politólogo de la UNAM, resaltó que esas investigaciones ocurren unos meses antes del arranque del proceso electoral en el Estado de México, entidad insignia del PRI.
Expuso que la fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben explicar por qué tardaron cuatro años en actuar contra el exmandatario, ya que parece que están ajustando los tiempos de la justicia a los electorales.
“Este gobierno se caracteriza por ser mediático, le gusta generar la nota y polémica, y obviamente un blanco muy apetecible es un expresidente”, consideró.
Explicó que al tratarse este tema desde la Presidencia, se le quita legitimidad y credibilidad al proceso ante la opinión pública y se politiza.
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