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El acuerdo que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya buscaba para terminar su proceso por el caso Agro Nitrogenados se trabó, de modo que no saldrá de la cárcel, al menos durante las próximas dos semanas.
Ayer, Lozoya esperaba firmar un acuerdo reparatorio con Pemex en el que se comprometió a pagar 10.7 millones de dólares por concepto de reparación del daño por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes.
Por este caso, el exdirector permanece vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues la FGR lo señala por supuestamente pactar con Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos México, la compra a sobreprecio de la planta.
A cambio, Ancira supuestamente pagó a Lozoya un soborno de 3 millones de dólares con el que el exdirector de Pemex compró una casa en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Sin embargo, al llegar a la audiencia en la que se firmaría el acuerdo reparatorio, la representante de Pemex informó a la defensa de Lozoya que requieren más documentos para dar formalidad al pacto.
Aunque la defensa dialogó por dos horas con la representación legal de Pemex para convencerlos de continuar con la firma del acuerdo, no tuvieron éxito. En una diligencia realizada ante el juez José Artemio Zúñiga, la representante de Pemex solicitó diferir la audiencia por dos semanas más para dar oportunidad a la defensa a conseguir los documentos que la petrolera requiere.
En la audiencia estuvieron presentes Emilio Lozoya Thalmann y Gilda Margarita Austin Solís, padres del exdirector, quienes aparecen en el acuerdo reparatorio como obligados solidarios de su hijo. Asimismo, acudió el representante legal de una inmobiliaria y de Marielle Elene Eckes, esposa de Lozoya, quienes fungen como garantes del pago.
El juez concedió la petición, pero no fijó nueva fecha de audiencia. Con el acuerdo, Lozoya buscaba concluir su proceso de manera anticipada para continuar con la negociación que tiene pendiente con la FGR, otro criterio en el caso Odebrecht.
