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México es un país de víctimas. Miles de ellas han sufrido delitos graves y violaciones a derechos humanos. La mayoría vive esperando que se garanticen sus derechos —promesas capturadas en la Ley General de Víctimas publicada en enero de 2013: el derecho a una investigación pronta y eficaz, conocer la verdad de lo ocurrido, un trato humano y digno y recibir una reparación integral del daño, entre otros, pero en la práctica, las víctimas rara vez ven estos derechos garantizados, especialmente la reparación.
Entre las víctimas están las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos.
“Una parte de la reparación se pone en pesos”, explicó Ana Gladys Vargas Espíndola, cofundadora de Tech Palewi, organización que diseña modelos de reparación del daño, pero la reparación debería abarcar más que el dinero, “hay una parte judicial de verdad y justicia significativa; hay una parte que es memoria”.
Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de la organización Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según el registro de Reporteros Sin Fronteras.
Con la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2014 parecía que los derechos de las víctimas finalmente se iban a atender, y para algunos funcionó, al menos en lo monetario: la institución apoyó a 13 mil 51 víctimas directas e indirectas entre 2015 y 2020 con recursos económicos, por un monto agregado de 2 mil 525 millones de pesos según la propia CEAV.
Pero el Registro Nacional de Víctimas rebasa, por mucho, esa cifra; en el tercer trimestre de 2021 había 47 mil 521 víctimas. El número podría ser aún mayor ya que “no es posible garantizar la calidad ni la confiabilidad” de los datos del registro, según un informe publicado por la CEAV en otoño de este año.
Entre esas más de 47 mil víctimas están las familias de los siguientes periodistas: José Antonio García Apac, michoacano desaparecido en 2006; Moisés Sánchez Cerezo, veracruzano desaparecido y asesinado en 2015; Francisco Pacheco Beltrán, guerrerense asesinado en 2016; Ricardo Monluí Cabrera, veracruzano asesinado en 2017, y María Elena Ferral Hernández, veracruzana asesinada en 2020.
El Registro Nacional de Víctimas no sólo agrega los casos de quienes han sufrido asesinatos, desapariciones, feminicidios o tortura, también incluye casos de personas que han sufrido daños económicos, mentales o emocionales con delitos tan variados como negligencia médica, ilícitos electorales, derechos de autor o robo.
El absurdo y la arbitrariedad
“La CEAV debió haber sido para delitos graves”, aclaró Chamberlin. Con más de 47 mil víctimas, un sistema de información inoperante y recursos limitados, los funcionarios de la CEAV eligen los casos que estiman prioritarios y las medidas de reparación de manera arbitraria.
“El gran problema es la discrecionalidad. Algunas resoluciones se decidían porque llegaba una llamada de Gobernación diciendo qué casos resolver y cuánto darles por familia”. Dos fuentes más que pertenecieron a esta institución corroboraron este dato. Cuestionada al respecto, la CEAV negó que esto sucediera.
El camino a la reparación es largo, incierto y tortuoso. “Pocas víctimas lo logran”, dijo la experta Vargas Espíndola: “Para la reparación se necesitan muchas horas hombre para entrevistas y reportes, integrar el caso y las propuestas de reparación y una estructura que lo soporte para poder acompañar a las víctimas y que se logre la reparación”, dijo.
Sin embargo, los testimonios de las víctimas entrevistadas para esta investigación describen una asesoría jurídica ausente, inconstante y deficiente.
“La CEAV es una institución frágil”, explicó Bandy Esparza, quien lideró el área de atención legal a periodistas entre 2018 y mediados de 2021. Para ella, lo que terminó de quebrar a la CEAV fue que se quedara sin titular durante un año y medio, tras la renuncia en junio de 2020 de Mara Gómez Pérez hasta la llegada de Martha Yuridia Rodríguez en diciembre de 2021.
Para obtener una reparación integral del daño, según la Ley General de Víctimas, hay dos caminos: el que siguen las víctimas de delito y el que toman las de violaciones a derechos humanos. En la primera es necesario tener un culpable sentenciado en firme o que el Ministerio Público declare cerrado el caso al no poder encontrar un culpable.
Pero llegar a ese punto, en México es casi imposible: 95% de los delitos nunca se resuelven, según datos del centro de análisis México Evalúa.
Presión al Gobierno
En el caso de las víctimas de violación a derechos humanos, la reparación no depende sólo de las fiscalías sino que la puede recomendar cualquier órgano jurisdiccional del país o uno internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o la Corte de Justicia Internacional.
Pero esa ruta tampoco es fácil. Lograr que la CEAV atienda un caso requiere recursos, según testimonios de exfuncionarios y activistas. Se necesita de un movimiento que organice protestas para presionar al gobierno, dinero para pagar abogados privados que le den seguimiento personalizado o acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que ayuden a generar una presión mediática y política que eleve la notoriedad del asunto.
Ninguna familia de periodistas asesinados o desaparecidos ha alcanzado la reparación, enfrentándose a la ineficiencia del Estado para garantizar sus derechos como víctimas. Pero algunos periodistas agredidos sí la han obtenido.
El caso de Canché tenía una recomendación de la CNDH y otra de Naciones Unidas, además del seguimiento puntual de la organización Artículo 19.
La CEAV responde “a la presión pública, mediática, política que van recibiendo alrededor de ciertos casos”, explicó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de dicha organización
“El sistema de atención a víctimas no se ha consolidado, no ha cuajado y es uno de los más grandes fracasos de los últimos años”, continuó, y describió a la Ley General de Víctimas como una de avanzada, progresista, a favor de las víctimas, pero que las instituciones se encargaron de estancar.
“Decían que es una ley como la de Suecia, pero pues... welcome to Mexico”.
La propuesta de este reportaje fue seleccionada en el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO en México.
