Carlos Pérez Ricart, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, advierte que es necesario reabrir y sanar bien la herida que dejó en la sociedad la Guerra Sucia, porque de lo contrario no podremos poner fin a la espiral de violencia que vive el país.
“La herida se cerró, pero no se desinfectó y de pronto a veces hay que abrir esa herida, quitar la pus, desinfectarla y volverla a cerrar, porque hay que seguir mirando hacia adelante, pero lo que se hizo en este país es que se cerró una herida que estaba infectada y la epidemia de violencia que tenemos en México hoy se debe en parte a esa incapacidad que tuvimos hace 25 años de cerrar bien esa herida, entonces ahorita estamos justamente viviendo las consecuencias de esto”, remarca.
“El pasado nos interpela más de lo que creemos, el pasado está presente en este país y está tan presente que no logramos encontrar la tecla de cómo salir de la espiral de violencia en la que vivimos hoy. Si pensamos que esto nació en 2006 o con Los Zetas o con Calderón, estamos muy equivocados. Ahí las redes de macrocriminalidad estaban instaladas en el Estado mexicano desde los años 70, ahí se formaron, ahí se forjaron. Nosotros tenemos que esclarecerlas, es el primer paso para salir de la vorágine en la que nos encontramos”, insiste.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, el académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que uno de los pilares de la justicia transicional es la idea de la no repetición. “Tú no puedes tener no repetición si no revisas tu pasado, si no revisitas lo que sucedió en tu pasado. Me doy cuenta que los países que sí lograron cerrar esas heridas son los países que lograron avanzar hacia un proceso democrático, un proceso transicional”, sostiene.
Carlos Pérez Ricart subraya que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en el sexenio del presidente Vicente Fox, traicionó a las víctimas de la Guerra Sucia y ocasionó que México perdiera años valiosos en la búsqueda de la justicia.
“Nosotros debimos tener este proceso en el año 2000 con la transición democrática, tuvimos que haber tenido un proceso de verdad y justicia que abarcara ese periodo. No se hizo así porque la famosa FEMOSPP, que fue la fiscalía especializada que hace Vicente Fox, traiciona los intereses de los colectivos de víctimas y no realiza el trabajo. Se hace 22 años después. Entonces, sin duda es fragmentario lo que vamos a conseguir como resultado, es parcial, pero es el último intento el último proyecto que se tiene desde el Estado y la sociedad civil para poder al menos de manera parcial saldar esa deuda”, apunta.
El investigador del CIDE revela que uno de los sectores que se está investigando para esclarecer los hechos del pasado son las Fuerzas Armadas, y aunque la Comisión para la Verdad ha logrado visitar el Campo Militar 1 y revisar los archivos, reconoció que la relación con el Ejército ha sido tirante.
“Hace más de medio siglo que se está hablando de que en el Campo Militar Número 1 se torturó y se desapareció a personas, hay muchos testimonios en ese sentido, y realmente no había existido una investigación por parte del Estado mexicano que intentara indagar en esto. Es la primera vez que se intenta hacer esto, nosotros ya visitamos el Campo Militar 1, seguimos haciendo investigaciones ahí, estamos indagando y examinando los archivos militares de la Sedena, y si bien la relación es tirante y es difícil con las Fuerzas Armadas, tenemos el apoyo, el aval del Presidente de la República, que es jefe máximo de las Fuerzas Armadas, para realizar estas investigaciones”, explica.
Aclara que el objetivo y el mandato de la Comisión para la Verdad no es juzgar a los presuntos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, sino coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos.
“Quiero ser muy claro: los comisionados tenemos una función de verdad, no somos juez, podemos ayudar a los procesos judiciales, pero no está en nuestro mandato juzgar a absolutamente nadie, nuestro mandato es esclarecer históricamente cosas que sucedieron. Si ya luego el Estado mexicano decide judicializar algunos de los actos, está en posibilidad de hacerlo, pero nuestro mandato no es generar una carpeta de investigación, sino un relato verosímil de las graves violaciones a los derechos ocurridas en este periodo”, dice.
Reconoce que muchos de quienes pudieran ser señalados como presuntos responsables de las violaciones a los derechos en esos años seguramente ya fallecieron, pero recalca que hacer justicia no sólo es llevar a prisión a quienes resulten culpables.
El integrante de la Comisión para la Verdad aclara que pese al fracaso del gobierno de Vicente Fox en este tema, ahora no se parte de cero, pues la comisión para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado publicó un informe que está muy bien fundamentado y muy bien escrito.
“Entonces, gracias a ese trabajo tenemos hoy un trabajo archivístico grande, nos ha permitido tener acceso a archivos que ellos no tenían. No lograremos resolver absolutamente todo, no lograremos esclarecer absolutamente todo, pero es un punto y coma a la larga marcha de verdad y justicia que tiene este país desde hace 50 años. Ni somos los primeros ni somos los últimos que vamos a lograr trabajar en temas de verdad y justicia en este país”, afirma.
Este martes, se lanzará la convocatoria para recibir testimonios de víctimas y testigos de graves violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia.
“Tenemos una convocatoria abierta a toda la población y luego tenemos convocatorias especializadas para algunos sectores que nos importan en particular: disidencias magisteriales, disidencias políticas, disidencias genéricas, sexo genéricas, disidencias en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas policiales, obviamente gente que participó en los movimientos estudiantiles o en movimientos sindicales, pero también presuntos criminales que fueron torturados por el Ejército y por la policía civil en cárceles y ministerios públicos”, detalla.
Además de Pérez Ricart, la Comisión para la Verdad, con aval pero independiente del gobierno, está integrada por Eugenia Allier, historiadora de la UNAM, y David Fernández Dávalos, jesuita y exdirector del Centro Pro.
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