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A través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), la Secretaría de Gobernación (Segob) identificó prejuicios, actitudes, percepción y experiencias de discriminación hacia la población migrante que atentan contra sus derechos humanos.
La dependencia federal destacó que la encuesta, cuyo objetivo fue conocer la opinión pública en torno a los procesos migratorios en México y cómo los migrantes y refugiados son vistos, reveló que 65.1% de la gente percibe que entre la población de una localidad existen prejuicios hacia personas en contexto de movilidad de otros países.
Un 56.4% considera que en México se respetan los derechos de las personas extranjeras; 74.6% de los entrevistados no están de acuerdo en que se les niegue una fuente de empleo, y 53.3% opina que a las y los centroamericanos y de otros países que llegan a México por violencia o desastres naturales se les debe ubicar en algún refugio hasta que puedan regresar a su nación de origen.
Además, 33.3% cree que se les debería dar papeles para vivir en el país; 12% señala que habría que regresarlos a sus lugares de origen, y 1% prefiere que se cierren las fronteras.
Al dar a conocer los resultados de esta encuesta aplicada por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), la Secretaría de Gobernación subrayó que si se piensa que las personas en contexto de movilidad quitan empleos, generan inseguridad o traen enfermedades, se gesta un ambiente social propicio para el rechazo, la xenofobia y la discriminación, conductas que no abonan a la integración de esta población, atenta contra sus derechos humanos y crea barreras que dividen y polarizan a la sociedad que las recibe.
“En esta arena juegan un papel importante los medios de comunicación y, crecientemente, las redes sociales. En ambos casos, la diseminación de discursos de odio a través de plataformas informativas puede actuar en detrimento del bienestar de las personas migrantes e, inclusive, incitar a actos de violencia”, alertó.
Por ello, señaló la dependencia, resulta imprescindible fomentar la integración e inclusión de las personas migrantes y refugiadas en el país, que genere un impacto positivo en los vínculos culturales, económicos y sociales entre las comunidades.
La Segob apuntó que la percepción sobre las personas migrantes y refugiadas no es blanca o negra, “sino que pasa por un espectro de matices que van desde lo positivo hasta lo negativo”.
Remarcó que de ahí la importancia de entablar un marco de entendimiento que beneficie un discurso público bien informado, respecto a los asuntos migratorios y, sobre todo, que esté alineado con el Objetivo 1 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México.
Estos instrumentos establecen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas migrantes, sin importar cuál sea su nacionalidad o estatus migratorio y sin discriminación alguna, a fin de preservar su seguridad, integridad física, bienestar y dignidad; además, implica emprender acciones contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Gobernación resaltó que para contribuir al logro de estos objetivos, México cuenta con un marco jurídico robusto, que integra un enfoque de no discriminación de forma transversal en las diversas leyes, reglamentos, normativas, programas, acciones, lineamientos y disposiciones legales en materia migratoria y de refugio, “que parte de la premisa de reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de violaciones a derechos humanos, entre las que se incluye a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio”.
