Hace 22 años, el 31 de agosto de 1999, la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer un escandaloso estudio: 5 mil 259 menores de edad de Torreón registraron altos índices de intoxicación por plomo.
Un año antes, un médico pediatra detectó que 24 de sus pacientes registraban índices de plomo superiores a los que marcaba la norma de Estados Unidos. Un elemento unía los casos: todos vivían cerca de la planta fundidora Met-Mex Peñoles.
La información se compartió con las autoridades sanitarias, pero fue ignorada. Meses después, un investigador de la Universidad Juárez del vecino estado de Durango confirmó el exceso de plomo en los menores. Ante el problema, el gobierno local intentó deslindar a la compañía, pero las investigaciones continuaron. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a Peñoles que iniciara 81 acciones para disminuir las emisiones de gases y polvo con plomo en el ambiente.
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Un grado de exposición al plomo elevado puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud. Los niños que sobreviven tienden a desarrollar afecciones en el cerebro y el sistema nervioso, como baja concentración y problemas conductuales. Además, pueden desarrollar anemia, hipertensión, disfunción renal, entre otros.
El gobernador de entonces, Rogelio Montemayor, no tuvo más remedio que dar una conferencia de prensa para informar un programa de acciones para frenar la contaminación que sufrían las niñas y niños. El gobierno publicó una norma oficial para protegerlos. La empresa y el gobierno iniciaron un programa de tratamiento para apoyar a los niños intoxicados con plomo.
Más de dos décadas después, la situación en Torreón no se encuentra resuelta. En esta administración del gobernador Miguel Riquelme no existe información oficial que permita saber en qué condiciones de salud se hallan las personas tratadas. Los datos no son públicos. La empresa Peñoles controla el sistema de seguimiento de muestreo de plomo y la autoridad estatal no implementa un programa efectivo de vigilancia que permita conocer el posible daño ambiental en la zona.
Además, los acuerdos para mitigar los daños se encuentran, desde 2006, bajo “reserva” por disposición de la Profepa.
“El 80% de las muestras las toma Peñoles, o sea la USA (Unidad de Salud Ambiental), entonces lo determinan ellos. Pero si hay una señora que se inconforme, que diga, no le creo… entonces vamos y los muestreamos nosotros”, afirma Gonzalo García, director del Centro de Atención a Metales Pesados, órgano de salud autónomo del gobierno de Coahuila.
Las acciones de Peñoles narradas por Gonzalo García se contraponen a la norma mexicana sobre niveles de plomo en la sangre y las acciones para proteger a la población, expedida en México en el año 2000 tras la intoxicación de niños en Torreón, que establece que la vigilancia epidemiológica y ambiental es responsabilidad de las autoridades de salud locales.
La información recabada revela que si bien Peñoles financió un fideicomiso para tratar de resarcir los daños, adoptó nuevos procesos para reducir significativamente su contaminación y embelleció su entorno, en la actualidad la responsable de la mayoría de las acciones epidemiológicas y de promoción de la salud para con la comunidad es una oficina de la propia compañía.
En Torreón no se monitorea de manera constante y eficiente la calidad del aire, aun cuando se acordó “tener un sistema de información de las emisiones de contaminantes, incluyendo el plomo y el nivel encontrado en el aire cerca de la empresa”, para lo cual se nombró a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila como la responsable de emitir los resultados de esa vigilancia.
La realidad, según reconoció la propia Peñoles, es que la compañía hace sus propias mediciones y le entrega los resultados a la Profepa, pero estos datos no son dados a conocer a la comunidad. En contraste, las autoridades locales reconocieron que no hacen esos monitoreos de aire porque no cuentan con el equipo y el presupuesto adecuados.
Felipe Vallejo, exdirector de Medio Ambiente en Torreón, reconoció en entrevista (aún como funcionario) que no realizan dicha medición. “El puro equipo cuesta lo que el presupuesto que nos otorgan en un año”, respondió cuando se le preguntó.
Se buscó la postura de la Profepa pero no atendió la petición de entrevista.
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Pacientes por siempre
Eva Mendiola, madre de Alfredo, originarios de Torreón, y anteriores vecinos de la planta fundidora de metales Met-Mex Peñoles, afirma que la atención que recibieron sus hijos se logró por el apoyo de los científicos y los estudios y reportes académicos que hicieron hace más de dos décadas. Con esa información, ella y otras madres actuaron para movilizarse.
Considera que esas acciones sirvieron para que las familias de Torreón conocieran los efectos de ser vecinos de una compañía fundidora de metales, así como las consecuencias que eso acarrea a la salud de los menores.
Aunque se muestra reservada acerca del estado de salud en el que se encuentra su hijo Alfredo, hoy convertido en adulto, Eva recuerda que al principio no conocían la problemática.
“Empezamos a aprender sobre los daños, sobre mediciones de plomo; que había más contaminantes como cadmio y arsénico”, rememora Eva.
Con todo y los tratamientos, asegura que sus hijos siempre serán víctimas de Peñoles, ya que el plomo es un enemigo silencioso que se puede alojar de por vida en el cuerpo de sus víctimas.
“Todos nuestros hijos son pacientes pasivo-ambientales. Ellos están dañados por el plomo y lo van a estar de por vida aunque hayan sido tratados. Lamentablemente sabemos que el plomo causa daño a corto, mediano y largo plazos”, explica.
Afirman que sólo hay siete casos
La empresa Met-Mex Peñoles asegura que desde 1999 han implementado una serie de acciones a favor de su comunidad.
Camilo Valdés Arreola, subdirector de Medio Ambiente y Salud de Peñoles, sostiene que la compañía les dio seguimiento a todos los niños que en 1999 presentaron índices de plomo en la sangre por encima de la norma. Comenta que se les hicieron exámenes regulares y se les dieron tratamientos adecuados, por lo que al llegar a una edad adulta, se les dio de alta.
“No están en riesgo”, asegura el representante corporativo.
El directivo reconoce que como parte del monitoreo que Peñoles ha realizado desde 1999 a la fecha, cuentan con una base de datos de unos 65 mil casos de “niños que están en la edad de la norma”, y que han sido monitoreados o son monitoreados por ellos, aunque en algunos casos se les han practicado dos o más pruebas.
Los datos proporcionados por Camilo Valdés revelan que en 1999 Peñoles tenía detectados 2 mil 765 niños con niveles de plomo por arriba de los 25 microgramos, mientras que en la actualidad dicen tener sólo siete casos.
Cuestionado sobre si la información del seguimiento de estos estudios es pública, explicó que la información es reservada y sólo la comparten con las autoridades que lo requieran.
A la empresa Peñoles se le ha criticado de ser “juez y parte” del problema, debido a que es la compañía y no la autoridad, la que realiza los estudios de seguimiento de los infantes.
También aseguró que en 22 años no han registrado ningún fallecimiento provocado por los niveles de plomo en la sangre de los niños monitoreados.
“Si antes el nivel de plomo en la sangre era de 60 y no pasaba nada, ahora que es cinco, ustedes mismas tomen su criterio”.
Héctor Ordaz Abad, gerente divisional de Medio Ambiente, Seguridad y Salud de Peñoles, reconoce que el plomo puede estar alojado en la sangre de los niños durante toda la vida.
“El hueso puede ir soltando poco a poco el plomo, entonces es una exposición endógena dentro del organismo, que va soltando el plomo hacia la sangre y esos procesos de eliminación son de muchos años”, advierte.
Ordaz asegura que Peñoles le entrega mensualmente a la Profepa un reporte sobre “las emisiones del plomo [que generan], de la deposición de la limpieza y de todo; o sea, nos está supervisando como dice el programa”.
Por otra parte, en relación con el control de la empresa sobre el fideicomiso y seguimiento de la mayoría de los casos detectados, Valdés expone que el cambio se debió a la falta de resultados de la autoridad estatal cuando ésta operó el fideicomiso entre los años 1999 y 2004.
Como parte de los compromisos adquiridos en 1999 con las autoridades ambientales para resarcir los daños de la contaminación, cuenta Valdés, se puso como propósito finalizar el fideicomiso cuando 95% de las personas estuvieran por debajo de los microgramos permitidos en la norma (NOM-1999-ssa1-2000). Lo que hasta diciembre de 2021 (mes en que se realizó la entrevista) no había sucedido.
