Para acabar con la impunidad en las agresiones contra periodistas se requiere de cambios a la ley que castiguen con mayor severidad cuando en éstas participen autoridades de cualquier orden de gobierno, aseguró Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemoró ayer, el vocero de Presidencia señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que se ha identificado que una buena parte de las agresiones proviene de los gobiernos estatales y municipales, y “hay que hacerles pagar las consecuencias”.
“Para acabar con la impunidad se requieren cambios a la ley que castiguen con mayor severidad cuando se trata de autoridades. Si se identifica que una buena parte de las agresiones proviene de ahí, hay que hacerles pagar las consecuencias.
“No es lo mismo un civil, un grupo social o incluso el crimen organizado que efectúa violencia contra periodistas, que la autoridad que está encargada de cuidar a los ciudadanos y a los periodistas”, mencionó.
Ramírez Cuevas agregó que este cambio legal será parte del mejoramiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual se trataba junto con la Secretaría de Gobernación (Segob).
¿Por qué prevalece la impunidad en los crímenes contra periodistas?
—En primer lugar, hay un tema, la mayor parte de agresiones, amenazas, no asesinatos, contra periodistas proviene de autoridades locales, tanto estatales como municipales. También, muchos de los ataques vienen del crimen organizado, en específico de grupos locales. Esas son las características.
¿Pero persiste la impunidad?
—Hay un tema con la impunidad, muchas de esas investigaciones las llevan a cabo las fiscalías estatales, porque se trata de homicidios, ese es otro obstáculo que tenemos.
Entonces, estamos mejorando el mecanismo [de protección a periodistas], está bajo revisión y al mismo tiempo se está buscando por un lado mejorar la protección, ampliar la protección a las familias y dar un seguimiento más acucioso de la agresión de autoridades locales a periodistas, que son los principales actores de las agresiones, mientras que los principales actores de los asesinatos están muy vinculados con el crimen organizado.
¿Los crímenes son por el trabajo periodístico?
—No en todos los casos, hay algunos en donde sí está muy clara la línea que tiene que ver con las investigaciones, publicaciones y denuncias periodísticas que hacen, pero hay otros en donde no está tan claro y por ello no nos atrevemos a señalar una motivación o razón hasta que no se esclarezca la investigación, entonces, pero sí sabemos que hay sospechas de algún tipo de delito, de venganzas personales, incluso deudas o, en algunos casos, vínculos o algún tipo de relación con el crimen organizado.
¿Dónde está el problema?
—Hoy, 55% de los casos de la gente que denuncia agresiones de periodistas se concentran en Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, pues es un tema.
Llama la atención que hay dos tipos de cobertura que concentran los agredidos: la nota política y la nota policiaca, y al mismo tiempo los asesinatos se concentran en Sonora, Veracruz, Guerrero y Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
¿En lo inmediato, habrá un cambio en la protección a periodistas?
—Sí, tiene que haber, ha habido recomendaciones de las Naciones Unidas que las estamos atendiendo. En primer lugar, debemos tener los mecanismos de protección, preservación y albergues de cuidado.
Otro tema es atender las causas y factores que generan esas agresiones, porque una es el crimen organizado y la otra es la impunidad con que la autoridad actúa; otra es la colusión entre autoridades y narcos o grupos del crimen organizado, y otra es el incumplimiento de las autoridades en la preservación y protección de periodistas.
¿Qué se requiere para acabar con la impunidad?
—Para acabar con la impunidad se requieren cambios a la ley que castiguen con mayor severidad cuando se trata de [agresiones por parte de] autoridades; si se identifica que una buena parte de las agresiones provienen de ahí, hay que hacerles pagar las consecuencias. No es lo mismo un civil, un grupo social o incluso el crimen organizado que efectúa violencia contra periodistas, que la autoridad que está encargada de cuidar a los ciudadanos y a los periodistas. Este cambio legal será parte del mejoramiento del mecanismo de protección de periodistas.
¿Qué otros cambios se plantean?
—Estamos modificando el marco normativo, la ley que genera el mecanismo de protección a periodistas para establecer con claridad la corresponsabilidad y competencias de cada una de las dependencias del Estado mexicano involucradas, para que haya más claridad en su responsabilidad, presionar para que haya mecanismos de acción rápida y de respuesta de las denuncias.
Así como impulsar que en las fiscalías estatales haya un seguimiento en las investigaciones en el caso de las agresiones tanto a periodistas y a defensores de los derechos humanos, en el caso de los asesinatos o agresiones que merezcan una pena, que se garanticen las sentencias, porque eso tiene que ver con el Poder Judicial, jueces y ministerios públicos.
¿Qué llamado hace?
—Es muy importante, sobre todo en las entidades donde más destaca la violencia contra periodistas, hacer un llamado a que se atienda directamente y tome con seriedad este asunto, porque la salud de la democracia depende del ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Es un tema que la autoridad local tiene que tomar en sus manos con mayor responsabilidad, porque ahí es donde se concentran la principal violencia o agresiones a periodistas. Por el otro lado, la sociedad tiene que tomar en serio la protección de los periodistas, porque realizan una labor importante, son los ojos y oídos de la ciudadanía para dar a conocer los problemas, por ello la sociedad, Estado y empresas periodísticas debemos trabajar en conjunto, protegerlos y generar mejores condiciones para su trabajo y el mejor desempeño de su labor.
