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La Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza investigaciones sobre el caso Fertinal y Nitrogenados, informó su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien aseguró que las indagatorias e inhabilitaciones de directivos en la empresa productiva, como Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, son uno de los elementos emblemáticos del “verdadero” combate a la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un foro realizado por EL UNIVERSAL, en el que participaron Sandoval, los subsecretarios de la Función Pública, así como directivos y columnistas de esta casa editorial, la secretaria afirmó que esas pesquisas no son una cacería de brujas ni buscan generar escándalos, por lo que se actúa con responsabilidad para evitar que los casos se caigan.
Adelantó que dentro de los despidos o ajustes de organización, como ella los llama, se esperan ahorros por más de 10 mil millones de pesos, y dentro de ellos la eliminación de 141 representaciones en el extranjero.
“Pemex es uno de los elementos emblemáticos del verdadero combate a la corrupción estructural (…) El caso de Lozoya, por ejemplo, fue un proceso que desde el primer día, como fue evidente, lo tomamos, lo seguimos con mucha precisión y nunca [lo] anduvimos diciendo para evitar que se nos cayera. Incluso se tuvo que dar la información —de su inhabilitación por 10 años— porque se cumplían los plazos. Hemos sido muy responsables en no vivir del escándalo y esa fue la instrucción que nos dio el Presidente”.
En el encuentro, donde los funcionarios respondieron preguntas de los columnistas Elisa Alanís y Salvador García Soto, Sandoval detalló que a la fecha hay casi 2 mil investigaciones en curso, se han ubicado 96 procesos de responsabilidades administrativas, se han sustanciados 109 expedientes de verificación patrimonial e impuesto 502 inhabilitaciones.
“Nos hemos concentrado en el asunto del abuso de poder, y quién tiene poder, los que están hasta arriba. Lo dijo el Presidente, hay que barrer las escaleras de arriba hacia abajo y aquí hemos tomado esta directriz.
“Es por eso que fue el caso [de la inhabilitación] del exdirector general de Pemex, y no nos ha temblado la mano [en casos que involucren a funcionarios] con niveles de director general, de director, subdirectores, jefes de departamento, es decir, no andamos persiguiendo por inclumpimiento de presentación de la declaración patrimonial de un señor que gana 6 mil o 10 mil pesos al mes, como era el caso en la anterior administración, quienes andaban buscando chivos expiatorios o ver quién nos la pagaba para seguir cubriendo esas cuestiones”.
Daniel García Cortés, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, recalcó que en el caso de la compra de la planta de Agronitrogenados sí hay investigaciones abiertas, por lo que se están haciendo las diligencias para averiguar, “pero no podemos detallar. Se va a resolver en los próximos meses de acuerdo con los tiempos procesales aplicables, lo mismo en el tema del grupo Fertinal, tenemos investigaciones que van a esclarecer algunas posibles irregularidades en compras de acciones y en cuestiones que tienen que ver con la adquisición de plantas”.
No son despidos, son ajustes. En el acto realizado en el salón Palavicini de esta casa editorial, la secretaria dijo que con los despidos y renuncias que ha habido en el gobierno federal, a los que ella prefiere llamar “adecuaciones y ajustes organizacionales”, se esperan ahorros por 10 mil millones de pesos.
Detalló que en la administración pública federal hay un millón 340 mil puestos de trabajo, de los cuales 114 mil son plazas de alto mando, mando y enlaces con sueldos “insultantes” para la ciudadanía, debido a que son onerosos y muy cargados de prebendas financieras.
“Estos puestos de altos mandos equivalen a 8.5% de la administración y los cálculos que tenemos son que 92 de cada 100 empleados no son sujetos de medidas de austeridad republicana”.
Señaló que entre estas plazas canceladas, a la fecha se han eliminado 141 representaciones en el extranjero, “porque le estamos apostando al trabajo de la Cancillería, de las embajadas”.
Licitan programas. Ante las críticas que hay a la actual administración por presuntamente no licitar compras o servicios, la secretaria señaló que es falso, y un ejemplo es que el Ejecutivo federal no ha permitido que sus conocidos o compadres participen, y añadió que los programas insignia se están licitando.
“Están en curso licitaciones de cuatro proyectos estratégicos muy importantes, que son: aeropuerto en Santa Lucía, trenes Maya, e Interoceánico, y las refinerías en particular la de Dos Bocas”.
La subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Tania de la Paz Pérez, detalló que hay muchas personas que piensan que toda la política y normatividad en materia de contratación pública la tiene la Oficialía Mayor de la SHCP, a cargo de Raquel Buenrostro, “pero esto no es así. En realidad la ley orgánica lo que hizo fue dividir las competencias entre la SHCP y la SFP. Política y normatividad en materia de ejecución de compras lo tiene la SHCP, pero control, fiscalización y prevención, sigue en la SFP”.
Resucita la SFP. Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, afirmó que en la presente administración, la SFP “esta resucitando”, puesto que la dependencia estaba subutilizada y recordó que esta secretaría fue creada en los años 80, cuando había altos índices de corrupción en el ámbito federal.
Ante esto, Sandoval Ballesteros apuntó que este relanzamiento de la SFP se ha enfocado en impulsar cuatro ejes: combate a la impunidad, transparencia, profesionalización y austeridad.
No hay partida secreta. Ante la aprobación de la Ley de Austeridad en el Senado, la funcionaria rechazó que el Presidente vaya a tener acceso a una partida secreta, lo que tachó como “falso”, puesto que el dictamen aprobado establece que los ahorros por austeridad se destinarán al desarrollo de la población.
