El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó 826 millones de pesos para garantizar la seguridad de jueces y magistrados durante 2021.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF), presentado este martes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que prevé recibir 64 mil 44 millones 622 mil 895 pesos, solicitó destinar más de 800 millones de pesos para proteger a sus jueces y magistrados.
“El reto es el de garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción”, señala el documento.
En la propuesta, se establece que el CJF está revisando y mejorando sus procedimientos de diagnóstico de riesgo y de asignación y supervisión de medidas de protección para jueces y magistrados para evitar que los procesos administrativos obstaculicen esta acción.
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Pero destaca que se requieren recursos suficientes para cumplir con esta tarea.
“La seguridad de quienes juzgan redunda, en última instancia, en el fortalecimiento de las labores de seguridad del Estado mismo”, indicó el CJF.
En el proyecto, el Consejo recordó que este año el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, fueron asesinados al interior de su domicilio en el estado de Colima y destacó que la crisis de inseguridad del país no ha sido ajena al PJF.
“La inseguridad que durante años ha sumido al país en una crisis, no ha sido ajena al Poder Judicial de la Federación. En el presente año, sufrimos el atroz asesinato de un Juez de Distrito, derivado de su compromiso con la impartición de justicia de forma imparcial”, indica.
EL UNIVERSAL informó que al cierre de 2019 el CJF recibió 303 peticiones de jueces y magistrados para tener medidas de seguridad y fueron asignadas 42.
Esto significó que durante ese año se asignaron 11 vehículos blindados a los juzgadores, 12 servicios de escoltas, 11 chalecos antibalas y ocho apoyos provisionales tales como teléfonos con botón de pánico.
Así, 91 jueces y magistrados en total, hasta el corte de 2019, contaban con vehículo blindado, 89 con servicio de escoltas y 89 con chaleco antibalas.
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