Ser mujer policía en México es motivo de orgullo, empoderamiento y reconocimiento social y familiar para muchas que deciden optar por ese trabajo, ocupado de manera histórica por hombres. Pero también significa trabajar en un ambiente hostil con marcadas desigualdades de género, enfrentar en silencio el acoso laboral y sexual, tener mínimas posibilidades de subir de rango y, en los casos más terribles, ser asesinada por un compañero policía.
Así son las historias de cuatro mujeres policías: Jacqueline, Mayra, Dignora y Alina, que tienen en común sus anhelos, esfuerzos y aspiraciones, y una enorme barrera con la que se toparon en el camino: la violencia machista ejercida en el interior de las corporaciones de seguridad.
Jacqueline y Mayra fueron asesinadas por otros hombres policías. Dignora ha sido acosada y hostigada sexual y laboralmente por sus propios compañeros, hoy está en riesgo y teme por su vida. Alina se defendió de la violencia de su novio policía y lo mató en defensa propia: tres años después fue sentenciada a 45 años de cárcel.
Lee más: Matan a joven embarazada y le extraen al bebé en Veracruz; homicidas le ofrecían ropa regalada para la menor
En México, al menos 98 mujeres policías han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso violento entre 2015 y 2022, de acuerdo con 196 solicitudes de información realizadas a 32 fiscalías locales de cada entidad.
Según los registros obtenidos de casi una década, este tipo de delito contra mujeres policías se ha incrementado a partir de 2019: 66% sucedió entre enero de ese año y octubre de 2022.
Guanajuato (16), Chihuahua (14) y Jalisco (13) encabezan los estados donde más mujeres policías han sido asesinadas por un policía hombre.
Lee más: Contrata FGR seguro de gastos médicos mayores por 350 mdp
La cifra real podría ser aún más grande, pues ocho fiscalías (Morelos, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán) se negaron a responder las solicitudes o dieron datos generales sin detallar la profesión de la víctima o del agresor.
Entre 2015 y 2022, a 45 hombres policías se les inició una carpeta de investigación por cometer un feminicidio u homicidio doloso violento contra una mujer. Del total, 25 agentes están acusados de feminicidio.
Para este trabajo también se realizaron búsquedas en notas periodísticas, a partir de las cifras brindadas por las fiscalías. Así se documentó al menos siete casos en los que los policías fueron detenidos, apenas 15% de los 45 reportados por las fiscalías.
Las cifras de impunidad de los delitos cometidos por hombres policías son escasas y opacas.
En la Ciudad de México, la policía de Investigación de la fiscalía de Justicia, Karla Karina, fue asesinada por Julián, también expolicía de Investigación y capturado tras siete meses prófugo; en Guerrero, Erika y su hija Fátima fueron asesinadas por José Luis, expolicía municipal de Acapulco, y María de Jesús, policía municipal de Técpan, asesinada por el expolicía federal, Roberto Romero.
En Tlaxcala, la policía de Investigación de la FGR, Emma Sofía, fue víctima de David, exagente de la misma corporación; en Chihuahua, la policía procesal Karina fue ultimada por Iván Ismael, también expolicía procesal, y en Puebla, la policía estatal Susana, fue asesinada por Efrén Hernán, expolicía estatal. Este último fue exonerado del delito de feminicidio por falta de pruebas, pero se le condenó por la desaparición forzada de la mujer policía.
Olivia Tena Guerrero, doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coautora del libro Mujeres en la policía: miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral, asegura que los feminicidios de estas mujeres son una doble responsabilidad del Estado, que no ha logrado erradicar la violencia de género en las corporaciones policiacas.
“Es una responsabilidad, sí, individual del policía agresor, pero también de una corporación donde sigue habiendo una indiferencia hacia las violencias que ellas viven”, enfatiza.
Tena Guerrero explica que las corporaciones son espacios dominados por hombres que en su mayoría presentan tendencias a ejercer una masculinidad violenta. Son entrenados en un sistema de jerarquías donde el mando ejerce poder absoluto sobre sus subordinados, quienes deben obedecer y guardar silencio.
Las instituciones de seguridad pública en México están integradas en un 76% por hombres y sólo 24% por mujeres, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.
La gran mayoría de las mujeres policías se desempeñan como subordinadas.
“Hay varios elementos que generan esta situación, una de ellas tiene que ver con que son instituciones muy jerárquicas. Quienes están abajo tienen que guardar silencio, hay una exigencia de obediencia total, lo cual lo hace muy peligroso por el poder que se le da a quienes están en los cargos altos, que la mayoría son hombres”, agrega la especialista.
En este contexto, hay una duda lógica: ¿Por qué a pesar de ser espacios dominados por hombres y con una fuerte tendencia a la violencia, una mujer decide convertirse en policía?
En el estudio Ser Mujer Policía (2021), de la organización civil Causa en Común, respondieron a esto 300 mujeres policías del Estado de México: porque buscan estabilidad económica, les gusta la profesión o debido a que algún familiar es policía.
Sin embargo, una marcada brecha de género en el interior de las corporaciones limita el crecimiento profesional de las mujeres, las expone a ser víctimas de acoso, discriminación y violencia de género en sus lugares de trabajo y, en algunos casos, esto se traslada a su vida personal, destaca la organización.
La difícil situación de las mujeres policías ha sido, por años, invisibilizada.
Nancy Jacqueline
A los 17 años y con un bebé de dos meses de nacido, Jacqueline vio en la policía de la Ciudad de México la oportunidad de un trabajo que podía ofrecerle mejor calidad de vida, y 20 años después, Luis Diego, su único hijo, lo asegura orgulloso.
Está convencido de que su mamá ingresó a la policía, estudió una licenciatura, luego dos maestrías y buscó un segundo empleo como profesora, por darle a él una enseñanza de superación.
“Era una persona muy responsable, dedicada, muy estudiosa. Fue muy amorosa, siempre estuvo conmigo. Si ella estuviera aquí me diría: ‘Hijo, estudia’. Ella quería que yo fuera una persona de bien”, cuenta Luis Diego.
Nancy Jacqueline era jefa de sector en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), impartía clases de criminalística y toxicología en la universidad y vivía con su hijo de entonces 19 años.
Su vida cambió en 2020, cuando fue asignada al sector Lomas de Chapultepec, uno de los más acaudalados de la Ciudad. Ahí se enfrentó al primer obstáculo cuando su jefe le modificó el horario laboral y con ello le impidió continuar sus estudios de doctorado y docencia.
En este sector también conoció a Gustavo Antonio, policía que era su subordinado, y con quien comenzó una relación sentimental.
El noviazgo duró apenas medio año, pero trastocó cada espacio de su vida.
“Él era muy violento, era alcohólico, no tenía modales, hacía comentarios sexistas; notabas que no era una persona que hubiera tenido una educación”, recuerda el hijo de Jacqueline.
“Cuando esta persona llega a la vida de mi mamá y a mi vida, la relación da un giro de 180 grados. Él empieza a hacer esa separación entre mi madre y yo”, cuenta Luis Diego, quien decidió irse de casa ante las presiones de Gustavo Antonio.
El miércoles 3 de marzo de 2021, Jacqueline fue arrojada desde el cuarto piso del edificio donde vivía. Gustavo Antonio llamó a Luis Diego y le dijo que su mamá se había suicidado y luego huyó. Aún sigue prófugo, relata el joven.
Luis Diego no creyó en la versión del suicido, él sabía que días antes su mamá había corrido de la casa a Gustavo Antonio y la relación estaba por terminar. Los vecinos le confirmaron que esa noche hubo una fuerte pelea, se escucharon gritos y una frase justo antes de que Jacqueline fuera lanzada por la ventana: “No Gustavo, por favor, no”.
Jacqueline no murió ese día. Luchó por su vida durante nueve días más.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital se comprometió con la familia a realizar un homenaje póstumo y asignarles un abogado, pero nada de esto sucedió, afirma Luis Diego.
Se buscó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero no quiso emitir comentario.
A la fecha, su presunto asesino ha logrado dos amparos contra órdenes de aprehensión.
Rosario Dignora
Dignora tomó a su hija e hijo, los subió a un avión y los sacó de la ciudad por temor a que les hicieran daño. Desde hace seis meses no viven con ella. Un día, el varón le llamó y le suplicó que ella también abandonara la ciudad.
“Hijo, ¿tú ya tienes un propósito de vida?”, le preguntó Dignora. “Es que yo siento que este es mi propósito”, agregó la mujer policía.
“Amá, ¿y si te matan?”, la cuestionó su hijo.
“Si me matan quiero que vengas, me entierres y te vayas, pero quiero que sepas que estoy haciendo lo que creo que es justo”, recuerda Dignora.
La vida de la policía está en riesgo. Desde hace años se ha convertido en la mujer “problemática” y “revoltosa” en la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, municipio de Sinaloa.
El 8 de marzo de 2019 decidió ausentarse de su trabajo para ir a protestar por los derechos de las mujeres. En un acto público denunció que las policías sólo eran utilizadas como edecanes para embellecer eventos. Ese día fue arrestada por 36 horas.
Dignora tiene una licenciatura en Administración Pública y estudia el tercer año de Derecho. Ha estado 15 años en la corporación y en 2017 fue acreedora a la medalla Lore de la Vega, que el municipio de Ahome entrega a mujeres destacadas.
Según el reglamento de la corporación, cada uno de sus logros la hace candidata a subir de grado en la jerarquía institucional, pero ninguno se le ha reconocido.
“Si te capacitas vas a tener la oportunidad de ascender, pero te topas con la cruel realidad de que no es suficiente si no tienes los contactos o el privilegio de que alguien te aprecie. Tengo más de media vida laboral luchando por acceder a lo que tengo derecho, pero no, no nos dejan avanzar”, reclama.
En enero de 2022, Dignora y otras siete mujeres policía de Ahome presentaron denuncias por acoso y hostigamiento sexual y laboral. Ellas pretendían que se abriera un diálogo y les permitieran exponer sus inconformidades, que hubiera sanciones, pero también acuerdos. No fue así.
La Comisión de Honor y Justicia desechó sus fotos, videos, testimonios y declaró las denuncias como improcedentes. No sólo eso, los nombres de las víctimas y sus testigos fueron filtrados y estos últimos amenazados.
Dignora, que lideraba a las denunciantes, fue acusada de faltarle el respeto a un superior y fue dada de baja de la corporación. Su caso de inmediato recibió el apoyo de diputadas locales y colectivos feministas que ejercieron presión para restituirla.
“Estuve muy protegida y lo agradezco muchísimo, pero yo lo siento por las compañeras que no tienen el respaldo social que yo tuve y que ahí han de estar afuera sin empleo, porque esto fue algo muy feo lo que me hicieron, te muestra que ellos tienen todo a la mano para deshacerse de nosotras”, reclama.
Dignora y otras mujeres formaron un colectivo feminista llamado Violetas ingobernables. Ella es la única policía en el colectivo y desde ahí acompaña a otras mujeres víctimas de violencia machista.
Mayra Elizabeth
En la historia de Mayra hay silencio, miedo y mucho dolor. Los por qué de su asesinato aún aterrorizan a su familia.
Ella tenía 33 años y vivía con el papá de su hija. Su vida giraba en torno a esa pequeña de dos años, sus padres y el trabajo que le apasionaba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.
Su familia la describe como una mujer solidaria y atenta contra la injusticia. Se unió a la policía 10 años atrás; su hermana ya había ingresado y eso le dio confianza. El trabajo le proporcionaba la estabilidad de un sueldo fijo y oportunidad de crecimiento. Aspiraba a tener un puesto de mando y todo indica que estaba a punto de conseguirlo.
“A ella le gustaba mucho su trabajo, yo siempre le decía: ‘Mayra, tú vives para el trabajo, sacrificas mucho’. Ella quería llegar a ser alguien en la policía y se le iba a dar, pero quedó en un sueño frustrado”, cuenta uno de sus familiares que pidió el anonimato por temor a represalias.
En 2021, Mayra trabajó en la campaña de Enrique Galindo, actual alcalde de San Luis Potosí. Confiaba en que al comenzar la administración subiría de puesto, pero en septiembre de 2021, la enviaron a cuidar un inmueble asegurado por la fiscalía.
Iba en su carro particular y estaba desarmada. Ahí le dispararon siete veces en la cabeza, cuello y pecho. Murió al instante. Por su asesinato están detenidos su exjefe y dos policías más.
“No sabemos qué fue lo que sucedió. Mayra no se metía con las personas, no era problemática. La relación con ellos era laboral y de amistad, uno era su jefe directo, amigo desde que entró a trabajar, los consideraba sus amigos”, relata su familiar.
A pesar de que los tres están detenidos, el proceso en contra de ellos aún no comienza.
La fiscalía tampoco ha informado a la familia las líneas de investigación.
“No se le ha hecho justicia, la verdad no. La fiscalía es muy hermética, muchas cosas no nos informan. No podemos confiar en las instituciones. Después de que murió Mayra, ¿que se hayan acercado?, ¿que nos hayan hecho las cosas más fáciles? No, para nada. Aquí muere alguien y mañana lo reemplazan. No pasa nada”, reclama el familiar de Mayra.
Alina Mariel
No denunció a su agresor, aguantó el maltrato y los golpes que él le daba en áreas donde nadie podía notarlos. Guardó silencio por meses, se fue alejando poco a poco de su madre, hasta que un día no pudo más.
Alina Mariel tenía apenas un año de haber ingresado a la policía municipal de Tijuana en Baja California, cuando conoció a Luis Rodrigo, su compañero de patrullaje. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos casi de inmediato. Así de rápido también comenzó el maltrato. Primero la aisló de su familia y amistades, luego los golpes, el consumo de alcohol y cocaína.
En noviembre de 2019, Alina se separó de Luis Rodrigo. Comenzó a ir a terapia sicológica y fue en ese proceso cuando le explicaron que eso que vivía era un cuadro de violencia, pero Luis Rodrigo la convenció de volver: le prometió dejar las drogas.
La noche del 12 de diciembre de 2019, según cuenta Socorro Tehuaxtle, madre de Alina, la pareja regresaba de una fiesta, él había vuelto a consumir y comenzó una discusión. Ella le pedía que la dejara irse y él la intentó asfixiar. Alina tomó el arma de cargo de Luis Rodrigo y le disparó.
Él, aún con vida, le gritó: “Mátate, te toca, mátate conmigo, si no yo me voy a levantar y vas a valer madres”. Ella volvió a disparar y lo mató.
“Era un peligro, si se hubiese dejado, él la hubiera matado a ella. De esa noche mi hija no iba a pasar”, afirma Socorro.
En esa madrugada del 12 de diciembre de 2019 la pesadilla apenas comenzaba. Socorro asegura que desde el primer momento su hija fue revictimizada, pues los medios exhibieron su rostro y nombre completo sin respetar la presunción de inocencia.
El abogado de oficio no hizo nada por defenderla, no argumentó el maltrato ni los golpes físicos que ella mostraba. Luego el caso se estancó, pandemia de por medio, transcurrieron casi tres años en prisión preventiva, sin que Alina tuviera un juicio.
El pasado 4 de octubre de 2022 fue sentenciada a 45 años de prisión. La condena, dice su madre, es el rostro vivo del machismo y la misoginia.
“Sé que hay algo muy grande contra mi hija, es el machismo, la misoginia, es la discriminación, son muchas cosas”, advierte.
Desde entonces, Socorro (51 años) comenzó a estudiar Derecho. Dejó al defensor de oficio y con mucho esfuerzo contrató a un abogado particular. Ahora buscan apelar la sentencia y, si no lo logran, se irán al amparo.
“No me voy a quedar así, no me voy a calmar, porque esto está, pero salido de la realidad, el machismo a todo lo que da y, quizá, yo no tengo dinero, me vean pequeña, pero no me voy a dejar que este sistema me aplaste”.
La académica Olivia Tena enfatiza que es importante no retratar a las mujeres policía sólo como víctimas.
Destaca que ellas se sienten orgullosas de portar un uniforme, de tener acceso a vivienda, seguro médico e independencia que esto les da ante sus familias y comunidad, pero tampoco se debe de pasar por alto esa violencia sistemática que se ejerce en contra de ellas, la cual es responsabilidad del Estado.
“Las mujeres policías sufren violencia en el interior de las corporaciones, en sus propias familias y también de la ciudadanía; de las mujeres que las miran con desconfianza o que incluso las agreden. No podemos cerrar los ojos a que hay mujeres en la policía que están viviendo este tipo de violencias y que es responsabilidad del Estado cambiar ese contexto”, destaca.
La violencia feminicida que nos ahoga en México no perdona y, como lo demuestran los casos de Jacqueline, Mayra, Dignora y Alina, puede ser aún más cruel si eres mujer policía.
Se contactó a las secretarías de seguridad y a las fiscalías de San Luis Potosí, Tijuana y Ciudad de México para que emitieran comentarios sobre los casos, pero no se obtuvo respuesta.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
**