El 16 de marzo de 2021, Carlos Martínez Andrade, presidente de la Organización Nacional Campesina y Popular (ONCP), estampó su firma en 40 constancias de autoadscripción calificada, un reconocimiento de identidad indígena. Días más tarde, el Partido Encuentro Solidario (PES) presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) esas cartas para acreditar que sus candidatos y candidatas a diputaciones federales podían competir en la elección de ese año dentro de la cuota destinada a la población indígena.
Pero las misivas tenían un problema: no fueron emitidas por alguna autoridad indígena de los distritos electorales en competencia. Tampoco por asambleas comunitarias, como lo determinó el INE en noviembre de 2020 al aprobar los criterios de ese tipo de candidaturas. El objetivo era evitar suplantaciones por parte de personas no indígenas.
La ONCP, con sede en Paraíso, Tabasco, avaló a personas de Chiapas, Sinaloa, Morelos y Yucatán, por mencionar algunos casos, candidaturas de estados, distritos y circunscripciones electorales distintas.
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En entrevista telefónica, el presidente de la ONCP reconoce que fue el PES quien pidió que avalara la identidad indígena de sus candidatos e incluso que cambiara los estatutos de la organización; sin embargo, él se negó porque le parecía fraudulento: “Como organización nos buscaron para ver si queríamos avalar algunas representaciones indígenas, entonces le dije: ‘Bueno, sí lo podemos hacer, pero no es válido porque estamos restando derechos a verdaderas comunidades indígenas’”, explica.
Al final entregó los documentos al PES argumentando que comprobaron que sí eran personas indígenas.
Martínez Andrade responsabiliza al INE por la falta de controles más estrictos en la revisión de la autoadscripción calificada.
“Ahí nosotros nos dimos cuenta que el INE tiene deficiencias porque cualquiera, incluso nosotros, cualquiera puede avalar [aun] si no tiene una certeza, y nada más es por un compromiso, un favor o cualquier cosa que pudiera favorecer a alguien que no tuviera ese derecho”, dice.
El PES no fue el único partido que recurrió a la expedición en masa de constancias de autoadscripción calificada. En las 655 copias que el INE entregó a este reportero tras una solicitud de información, hay pruebas de que también lo hicieron los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FXM). Todos extintos en lo nacional.
Al menos cuatro de cada 10 constancias presentadas por esos institutos políticos en la elección pasada surgieron de organizaciones campesinas, organismos gremiales y hasta funcionarios estatales que entregaron las cartas en paquete.
En la revisión de los documentos se observó que la mayoría sí son emitidos por autoridades de los sitios de participación política, característica que no se cumple en los casos aquí presentados.
Cumplir con los requisitos
Dominga Escobar Luis fue presidenta de la Comisión de Procesos Internos del extinto partido RSP, y conoció a detalle cómo se operó para atender los requerimientos del INE en las candidaturas indígenas. En entrevista telefónica para este reportaje, y buscada a través del número de teléfono que aparece en las cartas entregadas al INE, reconoce que las constancias de autoadscripción calificada se obtuvieron para respaldar las candidaturas ya asignadas. En buena medida, se justifica porque los órganos electorales retrasaron los procesos, además de que los partidos no han abierto espacios de formación política para las acciones afirmativas.
Ella emitió 19 cartas de autoadscripción calificada como representante de la fundación oaxaqueña Soy de Maíz A.C., pero no sólo lo hizo a personas de Oaxaca, también de Chihuahua, Morelos y Yucatán.
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“Tuvimos que cumplir con la obligación legal en ese momento. Al final el partido ya tiene las candidaturas, ahora busquen quién justifica la candidatura. Eso fue. Ahorita [en 2024] va a pasar lo mismo”, advierte sobre esta y otras candidaturas de acción afirmativa cuando se le refieren las constancias que entregó.
“Yo asumo cierta parte de culpa sobre mi pasado reciente como presidenta de la Comisión de Procesos Internos de RSP; tuvimos que hacer ese trabajo de justificar”, pero aclara que, en el caso de Oaxaca, y por la naturaleza del estado, la mayoría de los candidatos pueden entrar en la acción afirmativa indígena.
“Entonces, se cumple con el criterio del requisito, pero no con el criterio sustantivo de la representación”, reconoce.
De facilitador a candidato
En marzo de 2021, Fidel Moisés Martínez Salazar despachaba como agente de policía en la localidad de Cinco Señores, una población de la capital oaxaqueña. Era una autoridad auxiliar importante del lugar. El 22 de marzo de ese año, días antes de iniciar las campañas electorales, Martínez firmó y entregó 13 constancias de reconocimiento indígena al partido Fuerza por México.
La mayoría de las personas certificadas son nacidas y vecinas de diferentes poblaciones y distritos de Oaxaca; sin embargo, también certificó la presunta identidad indígena de ciudadanos de Chiapas e incluso de la Ciudad de México.
Son personas, explica en entrevista telefónica, que conoció en una presentación artística en su localidad: “Vinieron, hicieron algunos trabajos, presentaciones, organizaron algunos grupos de jóvenes que se dedicaban a la danza y se hizo una presentación. Entonces, ellos me buscan y me dicen: ‘Oiga agente, se acuerda que nosotros fuimos’. Sí. ‘Fíjese que ahora vamos a participar en una actividad y nos piden una constancia’. Entonces, en virtud del trabajo previo que realizaron, es que se le extiende constancia”, dice.
Pero el INE pedía que las constancias acreditaran “un vínculo efectivo con las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece”, y acá se trató de una actividad que realizaron en una comunidad que no era la suya. Fueron avalados por una autoridad que no formaba parte de su comunidad.
Un mes después de firmar las 13 cartas, el entonces agente pidió licencia al cargo para competir en la elección y fue incluido como candidato a regidor en la planilla de Fuerza por México para el municipio de Oaxaca. Al año siguiente, una vez concluido su periodo como autoridad auxiliar, fue nombrado representante de este partido ante el órgano electoral del estado.
Las resistencias de los partidos políticos
La decisión de las autoridades electorales de establecer espacios de representación política para población indígena en la Cámara de Diputados comenzó a implementarse en la elección de 2018, cuando se obligó a los partidos a presentar candidaturas indígenas en 13 distritos.
Esto no les gustó a algunos institutos. El PVEM, PES y PT intentaron impugnar sin mucha fortuna en el Tribunal Electoral.
En la elección de 2021 también hubo impugnaciones con el argumento de que la autoridad electoral invadía las decisiones internas de los partidos. La cuota creció de 13 a 30 espacios: 21 de mayoría relativa y nueve plurinominales.
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Las quejas fueron promovidas por el PT, PVEM, PES, PAN y el PRD, pero de nuevo fueron rechazadas por el tribunal. Ante su actitud reacia “fue necesario formular requerimientos e inclusive amonestar a los partidos políticos y coaliciones para conducir al cumplimiento” de la acción afirmativa indígena, destacó el INE en noviembre de 2022, cuando aprobó los nuevos lineamientos para estas candidaturas.
La necesidad de presentar constancias de identidad indígena, lo que el INE llamó autoadscripción calificada, se estableció como una medida para tratar de evitar que políticos usurparan los espacios.
El INE estableció que las cartas de aval indígena serían verificadas por el órgano a través de sus juntas distritales, pero en 2021 la verificación no se cumplió en su totalidad, reconoció el INE. Esto se debió a seis factores: la vaguedad del contenido de las constancias, a que sólo tuvieron cuatro días para verificar, a que el proceso se dio en medio de la pandemia, al cierre de actividades por Semana Santa, a la falta de referencias para la localización de quienes emitieron las constancias, y a la negativa de algunas comunidades para permitir el acceso de personal.
En entrevista para este reportaje, la consejera del INE, Claudia Zavala, reconoce que hubo irregularidades en la certificación de identidad de las personas que los partidos presentaron como candidatos.
“Claro que hubo cuestiones que pueden ser reprochadas. Muchas se fueron a investigación... porque sí, también en 2018 tuvimos problemas de simulación, y había que hacernos cargo de eso, respetando también los sistemas internos de las comunidades indígenas”, dice.
Y agrega: “Fuimos al siguiente paso atendiendo a la experiencia de 2018. Ya vimos que fue insuficiente, tomamos otra medida, pero nunca se nos debe olvidar que el principio de buena fe, sobre todo en el registro de candidaturas, es un eje rector”.
La consejera se refiere a la consulta con pueblos indígenas que realizó el INE en julio de 2022, y que derivó en un acuerdo aprobado por el Consejo General el 8 de septiembre de 2023. Esta a disposición es la que regirá la elección de 2024.