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Legisladores del Partido Verde exhortaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para regular el cobro de grúa y el uso de rampas de emergencia para frenado en las carreteras federales.
En el documento, los congresistas argumentaron que la falta de una regulación y homologación que fije una base tarifaria de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal permite que los concesionarios cobren cuotas excesivas y arbitrarias y pone a los usuarios en un estado de absoluta indefensión.
El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez planteó solicitar a la autoridad competente, en decir a la SICT, fijar las tarifas autorizadas para dichos servicios que se ajusten a la realidad, sean transparentes y públicas a nivel nacional para que nadie pueda modificarlas o alterarlas, y en caso de detectar abusos, se castigue con sanciones que van desde multas hasta el retiro del permiso para prestar la asistencia.
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Explicó que las rampas de emergencia para frenado en carretera son hechas para evitar tragedias derivadas de un accidente, sin embargo, “su utilización se convierte en una situación complicada cuando, por ejemplo, un tráiler hace uso de ella y tiene que salir de esta con la ayuda de una grúa, además, está obligado a pagar los daños causados a la rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista”.
“Los costos que un transportista tiene que pagar por los servicios de la grúa son muy altos, los concesionarios del servicio valiéndose del vacío legal cobran cantidades que oscilan entre 200 mil y 250 mil pesos, son retribuciones absurdas, exageradas y no tienen razón de ser” dijo Natale Gutiérrez.
Señaló que todo vehículo que necesite una grúa por avería o accidente, para ser remolcado a un lugar seguro donde se le repare, debe tener acceso a tarifas que se ajusten a la realidad, sean transparentes y públicas.
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Destacó que a su petición se suman organizaciones como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC; la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga AC; la Asociación Nacional de Transporte Privado; y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, cuyos liderazgos han manifestado su disposición de trabajar en coordinación con las autoridades para qué las tarifas que establezca la SICT sean respetadas, colaborando a través de la denuncia de quienes excedan esos parámetros y cometan abusos.
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