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Para prohibir el cobro, cuota o aportación económica voluntaria , que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado, la diputada pevemista, María del Rocío Corona Nakamura, impulsa una iniciativa que reforma los artículos 7 y 130 de la Ley General de Educación.
La propuesta establece que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación.
Refiere que la educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para equilibrar las desigualdades económicas y sociales y propiciar la movilidad social de las personas.
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Asimismo, permite acceder a mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población, ampliar las oportunidades de los jóvenes, vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Corona Nakamura sostiene en su iniciativa que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), una persona se encuentra en condición de rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado.
Bajo esta concepción, detalla que tan sólo en 2020, al menos 19.2% de la población nacional se encuentra en esta condición, según cifras dadas a conocer en la Medición Multidimensional de la Pobreza.
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