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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que ni las resistencias ni la pandemia por el Covid-19 detuvieron la justicia durante 2020 y los cambios impulsados por su administración. “La justicia federal mexicana nunca se detuvo; lejos de ello, se transformó”, dijo.
“No nos detuvo la pandemia. No nos han detenido las resistencias. Seguiremos adelante, trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados; para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible, con el único propósito de servir mejor al pueblo de México”.
Zaldívar Lelo de Larrea reconoció la labor de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y destacó que uno de los legados que deja la pandemia es el juicio digital.
“Cuando en el futuro la historia dé cuenta de la pandemia de 2020 uno de los legados será, sin duda, el de la justicia digital. La expansión y mejora de los servicios de justicia mediante las nuevas tecnologías han sido un compromiso central desde el inicio de esta administración, que se consolidó este año gracias al trabajo de cientos de profesionales”, puntualizó.
Enfatizó que la lucha contra la corrupción y el nepotismo en el PJF también continuó, pese a las circunstancias actuales.
Señaló que existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y afirmó que el seguimiento a la evolución patrimonial de los juzgadores es la herramienta central en la lucha contra la corrupción.
“El seguimiento de la evolución patrimonial de los juzgadores es la herramienta central en la lucha contra la corrupción. El enriquecimiento personal a través del servicio público es aun más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia”, añadió.
“Siempre he afirmado que la gran mayoría de los juzgadores son personas honestas e íntegras (…), la lucha contra la corrupción es también por ellos y si combatimos a los corruptos defendemos a los honestos”.
Mencionó como parte de los logros de la labor realizada este año la aprobación de la reforma al PJF y expresó su reconocimiento y gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer suya la iniciativa de reforma elaborada por el Poder Judicial y a los legisladores con los que se reunió estos meses para comentar de ella.
“Hace dos años se generó una coyuntura política en la que diversos actores coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma judicial que reparara la confianza rota entre la sociedad y sus juzgadores. Desde ese momento, afirmé que este proceso de renovación debía provenir del propio Poder Judicial y que, en todo caso, cualquier reforma legal debía emanar de sus filas, responder a sus necesidades y tomar en cuenta su experiencia. Debía ser una reforma con y para el Poder Judicial”, afirmó el ministro presidente.
“Se trata de una reforma que robustece a la Suprema Corte como tribunal constitucional, para que se materialicen los postulados de la norma fundamental; que consolida el sistema de carrera judicial, para que los cargos se obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo; que fortalece el servicio de defensoría pública, para contar con verdaderos abogados del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio, y que proporciona mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo”, dijo.
Cifras de la corrupción
En su informe, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que durante 2020 el CJF readscribió a 43 jueces y magistrados del país por posibles casos de nepotismo y de conflicto de intereses, y además impuso 67 sanciones a diversos funcionarios y multas que sumaron más de 6 millones de pesos.
Las 43 recolocaciones de los juzgadores se suman a las 93 realizadas durante 2019, lo que da un total de 136 casos de posible nepotismo o conflicto de intereses detectados durante la presente administración.
Esos juzgadores fueron removidos de los estados en los que estaban trabajando y se les reubicó en otras entidades derivado de los esquemas de contratación o relaciones familiares que mantenían con otros servidores públicos del circuito donde anteriormente se desempeñaban.
El documento establece que este año fueron impuestas 67 sanciones a 15 magistrados, siete jueces, 13 secretarios de tribunal, seis secretarios de juzgado, un secretario encargado de despacho, siete actuarios judiciales, dos secretarios particulares de magistrado, cinco oficiales administrativos y 11 servidores públicos con otros cargos.
“Se aplicó la sanción de suspensión a siete magistrados de Circuito y tres jueces de Distrito; de destitución a dos nagistrados de Circuito, y de inhabilitación a cinco magistrados de Circuito.
“Entre estos casos, destaca la sanción impuesta a diversos servidores públicos por la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el vigésimo octavo concurso interno de oposición practicado por el Instituto de la Judicatura en 2018, entre ellos, su exdirector general —un magistrado de Circuito—, quien fue sancionado con destitución e inhabilitación por 10 años. Esta decisión concluyó con uno de los episodios más lacerantes en la historia del Consejo de la Judicatura Federal”, indica el informe.
Asimismo, el CJF presentó cuatro denuncias contra magistrados federales y otras dos carpetas de investigación también contra magistrados, que ya fueron judicializadas.
Estos dos casos se trataron de “irregularidades no aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución patrimonial, que se suman a las seis carpetas de investigación en trámite en lo que va de la presente administración”.
