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Las fracciones del PAN y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que 300 mil delincuentes podrían ser liberados en caso de avalarse la Ley de Amnistía, que se debatirá hoy en comisiones de San Lázaro y que surge a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los números van de 3 mil hasta 300 mil personas que podrían ser puestas en libertad y que cometieron robo y narcomenudeo, que serían beneficiarios de esta Ley de Amnistía. Mientras la gente pide justicia y sufre esta ola de violencia, hoy Morena va a perdonar delincuentes, por lo que hacemos un llamado a la sociedad, a la ciudadanía a que se movilice y que alce la voz, que hagamos equipo para no permitir este atropello a la seguridad. No al perdón de delincuentes que pretende Morena”, declaró Fernando Macías, secretario de la Comisión de Justicia.
La diputada Mariana Dun- yaska García dijo que se trata de una Ley de Amnistía llena de ambigüedades que en vez de inhibir la comisión del delito lo promueve, fomenta, aplaude y lo premia, por lo que adelantaron que el PAN votará en contra.
La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, coincidió con la panista en el sentido de que servirá para liberar delincuentes y “lo peor es que sin rehabilitación y sin canalizarlos a un trabajo o programa en particular, y menos con una atención a las víctimas.
“En el PRD nos parece que no tiene cambios sustanciales el dictamen respecto a lo que se presentó inicialmente y no se consideraron distintas observaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, por lo que nos preocupa y probablemente nuestro voto será en contra”, afirmó.
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez, adelantó que si este jueves se avala la Ley de Amnistía, es probable que la próxima semana pase al pleno y este nuevo ordenamiento podría servir para que los estados hagan lo propio, en el sentido de renovación del concepto de la justicia.
EL UNIVERSAL adelantó ayer que se alista la aprobación de esta nueva ley que plantea el otorgamiento del perdón de delitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares, y a los médicos practicantes de la interrupción), así como delitos contra la salud que haya cometido gente pobre o con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
