La diputada Federal de Acción Nacional, María Elena Pérez-Jaén, anunció que interpondrá una demanda de contra el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntamente frenar el nombramiento de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

La legisladora explicó que después del veto presidencial a la designación que hizo el Senado el pasado 1 de marzo, se filtró una grabación del pasado 12 de abril a los medios de comunicación, en las que presuntamente el titular de la Segob instruyó a los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal, a no nombrar a los para que éste quede inoperante.

"Esto corrobora nuevamente el intento autoritario del Presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionales autónomos, en el afán de centralizar el poder en sus manos, y el órgano encargado de la transparencia, no podía quedar exento", indicó en conferencia de prensa.

La diputada Pérez-Jaén señaló que las acciones del secretario de Gobernación lo hacen susceptible de juicio político por violentar la división de poderes y limitar el funcionamiento de una institución democrática como lo es el INAI, y bajo los siguientes argumentos:

Según el artículo 109 constitucional, procede el juicio político cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

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Para que se configuren las causas del juicio político se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios causen “perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

"En tal sentido, debe valorarse si las expresiones del secretario en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del INAI -reproduciendo y compartiendo las expresiones del Presidente de la República- causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales", puntualizó la diputada.

Pérez Jaén sostuvo que la transparencia, el acceso a la información pública, y la protección de los datos personales, son derechos humanos por lo que toda autoridad se encuentra constreñida a acatar ese mandato.

“El hecho de que no se integre el pleno del INAI, impide no solo la eficacia en el ejercicio de los derechos humanos, implica implícita y tácitamente, un trastorno al funcionamiento de una de las instituciones del Estado como lo es el INAI, del cual formé parte y ayudé a consolidar”, sentenció.

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