El coordinador del ( PAN ) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, envió una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria, para solicitar su intervención en México, a fin de que la Relatora Especial realice un informe y formule recomendaciones sobre la violencia contra periodistas que permea en nuestro país.

“Estimada Sra. Bachelet, hoy nos encontramos en un momento histórico y al borde de transitar de una democracia a un sistema autoritario más en la región. Una de las principales estrategias de quien encabeza al gobierno mexicano para concentrar más poder ha sido debilitar uno de los pilares más importantes de la democracia: la libertad de expresión”, señala la misiva firmada por el líder albiazul.

Sostuvo que el constante ataque y difamación en contra de periodistas, medios de comunicación “y cualquiera que no esté de acuerdo con su proyecto personal o con su gobierno” ha tenido un alarmante aumento, lo que ha derivado en más de 30 asesinatos a periodistas en lo que va del sexenio, y cinco en lo que va del año: “El cuarto poder se encuentra en riesgo y debemos defenderlo”.

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Agregó que tras la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, quien en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación que reveló el tipo de vida que lleva José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y la relación directa que hay con un contratista de Petróleos Mexicanos, revelando un probable caso de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, se incrementaron los ataques desde el Ejecutivo.

“El pasado viernes 11 de febrero del presente año, acorralado por las acusaciones, desde el Palacio Nacional, se violaron diversos preceptos legales tanto nacionales como internacionales al publicar las supuestas fuentes de ingresos y montos del periodista Carlos Loret de Mola”, adviertió en la carta.

Por ese motivo, concluyó, “le solicitamos de la manera más atenta que se considere la intervención de la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en nuestro país para que en función del derecho y las normas internacionales de derechos humanos se realice un informe y se formulen recomendaciones que nos ayuden a terminar con esta lamentable situación”.

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