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El diputado Mario Gerardo Riestra Piña (PAN) propuso reformar la Constitución para establecer que el Presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, deberá presentarse en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso.
Asimismo, presentar un informe por escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
La iniciativa presentada por el legislador panista también plantea que el Fiscal General de la República, y los titulares de las empresas productivas del Estado, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y de los órganos constitucionales autónomos también comparezcan ante el Congreso para rendir un informe de labores.
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“Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a comparecer a los Secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado y de los órganos reguladores coordinados en materia energética para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”, especifica el proyecto.
Además, los funcionarios no podrán negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas o postergar la convocatoria de las Cámaras, “salvo que medie causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría de los miembros del pleno”.
“El servidor público que faltará a la verdad u omitiera información que sea solicitada por las cámaras, será sujeto a responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar”, refiere la iniciativa.
El diputado Riestra Piña señaló que es necesario restablecer la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y que el Presidente de la República sea quien presente su informe de gobierno ante el Congreso.
“Rendir cuentas no es solo ´informar´ sino que se incluye la posibilidad de promover sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas de conducta en sus funciones públicas”, señaló.
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