El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal, en materia de tráfico de influencias, luego de los presuntos actos de corrupción de familiares y allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El legislador panista planteó incrementar de dos años a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días multa, a quien cometa el delito de tráfico de influencias y tenga un parentesco de consanguinidad o afinidad de hasta el segundo grado con el servidor público concernido con el negocio público objeto de la conducta.
Actualmente el Código Penal Federal impone una pena de dos a seis años de prisión a quien cometa el delito de tráfico de influencias, y una multa de 30 a 100 días de multa.
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“Hay un listado extenso sobre casos de corrupción en esta administración, que incluyen a la familia y círculo cercano del presidente; Pío López Obrador, Martín López Obrador, Felipa Obrador, las casas de Manuel Bartlett, las adjudicaciones directas a su hijo, las antenas de Jenaro Villamil, Segalmex, Alejandro Esquer y los millones del terremoto, Delfina y Texcoco, las empresas fantasmas en la construcción del aeropuerto, la fábrica de chocolates, las casas de Sandoval y Ackerman, Robledo, por mencionar algunos”, enlistó Téllez.
Afirmó que el tráfico de influencias permitió a José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, “vivir como rey en Houston sin aclarar el origen de los recursos de su lujosa mansión (valuada en 19 millones de pesos) y sus negocios turbios con Baker Hughes”.
Detalló que dicha empresa obtuvo 27 contratos que otorgo Pemex, por un total de 150 millones de pesos. El total de los contratos otorgados a dicha empresa se incrementó en un 144% a raíz de este escándalo, pasando de 357 millones de dólares (en el sexenio de EPN) a 870 millones de dólares (en la actual administración).
“Los amigos de Andrés López Beltrán se han visto beneficiados de la llegada de la 4T al poder. El caso más reciente es el que involucra a su amigo Amílcar Olán y su empresa Romedic, S.A. de C.V., quien ha recibido contratos millonarios por parte de los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco ese a estar en la lista de empresas que incumplen con la regulación sanitaria. Romedic, S.A. de C.V., es una empresa de reciente creación. Fue constituida apenas en el 2020, pero en su primer año facturó 73 millones de pesos”, expone la iniciativa del diputado panista.
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