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Este miércoles, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó 47 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), resultado de la falta de comprobación de 170 millones de pesos en la STPS y de 496 millones de pesos en la Conade, irregularidades que advirtió, "pueden ser constitutivas de la comisión de los delitos de Ejercicio ilícito de servicio público, Abuso de autoridad y Peculado".
Tras presentar las querellas, la legisladora enlistó algunos ejemplos de las irregularidades señaladas, entre las que destacan:
Del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a cargo de la STPS, pagos por más de 102 mdp a jóvenes que recibían simultáneamente otras becas; 640 becarios que se encontraban laborando durante el periodo de capacitación del programa objeto de revisión; 33 mil 909 becarios que contaron con dos o más registros patronales; apoyos por 3.8 millones de pesos, a jóvenes que se encontraban prestando servicios profesionales por honorarios o de manera eventual como “Servidores de la Nación”; así como pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 0.8 millones de pesos.
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"Es importante destacar que las irregularidades detectadas en las cuatro auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en 2019, 2020 y 2021, corresponden únicamente a una muestra representativa realizada en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Chiapas, CDMX, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Tabasco y Veracruz; asimismo, resulta relevante señalar que es hasta enero de 2022 cuando se establecieron las Reglas de Operación para el funcionamiento del programa; por lo que en 2019, 2020 y 2021 operaron solamente con lineamientos", indicó.
Sobre la Conade, denunció pago por 15.6 millones de pesos a 29 entrenadores de nacionalidad cubana que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; pagos por 14.9 millones de pesos a la persona moral Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), sin que esta acreditara con la documentación justificativa y comprobatoria, la prestación de los servicios para los que fue contratada; así como pagos por 7.9 millones de pesos a la empresa Cascada Bienestar S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, sin acreditar que la CONADE los haya recibido o que cumplieran con las características solicitadas en el contrato, entre otras cosas.
La legisladora concluyó señalando que, la presentación de las denuncias de referencia, deriva del seguimiento realizado a las irregularidades detectadas por la ASF, así como a la falta de actuación de esta, con la finalidad de que la autoridad competente realice las investigaciones correspondientes, tome las medidas cautelares urgentes que sean procedentes y, en su caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
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rcr
