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La bancada del PAN presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo Federal, establezca comunicación con el gobierno de Estados Unidos con el fin de gestionar la asistencia jurídica internacional necesaria para llevar a cabo el decomiso de 13 mil millones de dólares a Joaquín Guzmán Loera.
Esto, de acuerdo a la sentencia emitida en contra de “El Chapo” y auxiliar a dicho gobierno a identificar el paradero y prestanombres de dichos activos, así como destinar un porcentaje de esos recursos para apoyar a las madres buscadoras en México.
Asimismo, se propone que la Comisión Permanente exhorte a que esta asistencia jurídica se realice en el entendido de solicitar a la contraparte estadounidense el 60% de los bienes decomisados, conforme al acuerdo de compartición de activos en acciones bilaterales, derivado de la naturaleza de los hechos investigados y la entrega en extradición del acusado.
"Se propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a que los recursos obtenidos de dicho decomiso sean destinados a programas y proyectos que contribuyan a la seguridad, el desarrollo social", se indicó.
Además, "a la reconstrucción del tejido social en las áreas más afectadas por la violencia y las actividades del narcotráfico y el crimen organizado en México. Especialmente se destinará una partida para madres buscadoras”.
Senadores y diputados del PAN argumentan que Joaquín Guzmán Loera fue condenado en 2019 en los Estados Unidos por diversos delitos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.
La sentencia incluye el decomiso de aproximadamente trece mil millones de dólares en activos, más los accesorios que procedan por el transcurso del tiempo, como intereses.
México ha sufrido significativamente por las actividades del Cártel de Sinaloa, con consecuencias graves en términos de seguridad, salud pública y economía.
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Existe un acuerdo de compartición de activos entre México y Estados Unidos para acciones bilaterales contra el crimen organizado, firmado en el año 2001, que se anexa al presente.
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