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Senadores y diputados federales del PAN alistan diversos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar un acuerdo o decreto para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
En rueda de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, expuso que se analizan tres vías legales que son el amparo, recurso en donde todos los mexicanos están en posibilidad de promoverlo porque el decretazo presidencial “va a lastimar a todos los mexicanos”.
La segunda vía, agregó, es una acción de inconstitucionalidad, cuya figura está hecha justamente para que las minorías en el Congreso puedan acceder a la SCJN “cuando se intente suplantar la Constitución como es este el caso y nosotros como partido y por supuesto con los demás compañeros de los otros grupos parlamentarios acudiremos a esta vía acción de inconstitucional”.
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Explicó que la tercera vía es la controversia constitucional y quien está facultado para presentarla es la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero o en su caso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Recordó que hace dos años la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, “tuvo la valentía la honorabilidad y la legalidad de ir a la Corte” presentó una controversia constitucional contra del decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas volver a realizar tareas de seguridad pública hasta finales del mes de marzo del año 2024.
Lamentó que la SCJN, dos años después, no ha resuelto está controversia y dijo que el PAN acudirá a las presidencias de las cámaras para solicitar respetuosamente, “pero también de manera puntual que presenten una controversia constitucional es por una honorabilidad, es por legalidad, no es un asunto político, es un asunto constitucional”.
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Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que la Guardia Nacional debe seguir siendo un órgano civil de seguridad pública como lo establece el artículo 21 de la Constitución, quien dijo que con el decreto propone violar la norma la máxima norma de nuestro país, “esto es inaceptable y hay que controvertirlo”.
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