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Berlín.— Procesos opacos, nombramientos y destituciones en ocasiones ilegales impidieron que mejorara la percepción que hay en México sobre el combate a la corrupción.
En su índice publicado este martes, Transparencia Internacional señaló que, por segundo año consecutivo, México se mantuvo en el sitio 126 de 180 países evaluados.
México mantuvo una calificación de 31 puntos (misma cifra desde hace cuatro años) sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.
A nivel regional, México está peor calificado que Uruguay (73), Chile (66) y Costa Rica (55), los únicos países latinoamericanos que aprueban. También está peor evaluado que Cuba, Trinidad y Tobago (42) y Colombia (40).
Comparte calificación con El Salvador y apenas supera a Bolivia (29 puntos), pero está por debajo de Perú (33 puntos). En la zona de los 30 puntos también están Argentina (37) y Brasil (36), así como República Dominicana y Panamá (35), además de Ecuador (34).
“En países como Brasil, México y Honduras la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del Poder Judicial”, apuntó Luciana Torchiaro, consejera regional para América.
Los resultados de México contrastan con la tendencia positiva de 2019 y 2020, años en los que mejoró del puesto 130 al 124.
A nivel global, la organización lamentó que los esfuerzos contra la corrupción en el sector público flaquearon en todo el mundo en parte debido a “un declive global de la justicia y el Estado de derecho desde 2016.
“El auge del autoritarismo en algunos países contribuye a esta tendencia e incluso en contextos democráticos los mecanismos que controlan a los gobiernos se han debilitado”, dijo el grupo acerca del deterioro de la justicia.
“La corrupción continuará prosperando hasta que los sistemas judiciales puedan castigar las infracciones y mantener a los gobiernos bajo control”, indicó el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, en un comunicado, agregando que los “líderes deben implicarse totalmente y garantizar la independencia de las instituciones que defienden la ley y atajan la corrupción”.
El IPC clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos y hombres y mujeres de negocios.
Dinamarca encabezó el índice con la máxima puntuación por sexto año consecutivo, con 90 puntos. Por detrás se hallan Finlandia, con 87, y Nueva Zelanda, con 85. Los 10 primeros puestos de la lista los completaron Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.
Las naciones mejor valoradas en Latinoamérica y el Caribe fueron Uruguay, con 73 puntos en el puesto 18; Barbados, que ocupó el 24 con 69 puntos, y Chile, en el 29 con 66.
Estados Unidos, que obtuvo los mismos 69 puntos que el año pasado, ocupa el sitio 25.
En el otro extremo, Somalia volvió a ser la peor parada con apenas 11 puntos. Por encima quedaron Sudán del Sur, Siria y Venezuela, con 13 cada una; Yemen con 16, y Guinea Ecuatorial, Haití, Corea del Norte y Nicaragua, con 17.
El promedio global se mantuvo en 43 por duodécimo año consecutivo y más de dos tercios de países obtuvieron menos de 50 puntos.
La puntuación media de las naciones árabes alcanzó su mínimo histórico con 34 puntos, mientras que la del África subsahariana se mantuvo en 33. En Asia-Pacífico, Transparencia halló “poco o ningún avance” para frenar la corrupción.
Incluso en Europa Occidental y en la Unión Europea, la región con mejores resultados, Transparencia Internacional detectó que la “escasa rendición de cuentas y la corrupción política están socavando la confianza pública”.
