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Con la hipoteca de al menos tres inmuebles millonarios, familiares y hasta el panista Diego Fernández de Cevallos pagaron parte de la garantía de 140 millones que le fue impuesta al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por lo que ya se le colocó un brazalete electrónico y se prevé que salga de la cárcel el próximo sábado.
Este viernes vence el término para que la Procuraduría General de la República (PGR) manifieste al juez de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México si está o no conforme con la garantía que ofreció Fernández de Cevallos desde el pasado 11 de diciembre.
Dicha garantía consta de un inmueble propiedad del panista, ubicado en Acapulco, Guerrero, para cubrir los 100 millones de pesos que se le impusieron al ex mandatario para continuar su proceso en libertad por defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos.
Fuentes allegadas a la defensa confirmaron que el juez de Distrito aceptó la garantía y ordenó notificar a la PGR de dicha determinación, por lo que si la dependencia no impugna el ex mandatario podría salir este sábado del Reclusorio Oriente.
En tanto, ante el juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, los familiares del ex gobernador presentaron las hipotecas de dos inmuebles para cubrir los 40 millones de pesos que se le impusieron como garantía para llevar su proceso por lavado de dinero en libertad.
Dichas garantías ya fueron admitidas por el juez del Estado de México y ordenó notificar al ex mandatario de que, al menos por ese juicio, ya puede ser liberado.
De recuperar su libertad, Padrés deberá portar un brazalete electrónico, está impedido para abandonar el país y deberá presentarse a los juzgados a firmar periódicamente para dejar constancia de su permanencia en la jurisdicción de los mismos.
Padrés Elías es uno de los ex gobernadores acusados de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Al término de su administración y ante las constantes acusaciones reapareció en noviembre de 2016 para comparecer ante el juez federal que ordenó su aprehensión por lavado de dinero y defraudación fiscal.
De dichos delitos únicamente subsiste el de defraudación fiscal, por el que se le impuso la garantía de 100 millones de pesos.
Durante su encierro fue notificado de una segunda orden de aprehensión emitida en su contra por el juez de Distrito en el Estado de México por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero su defensa, encabezada por el abogado Antonio Lozano Gracia, logró desvirtuar la acusación del segundo de estos delitos que es el único que merecía prisión preventiva de oficio.
Por ello, la defensa solicitó la sustitución de la medida preventiva en la que se le impuso la garantía de 40 millones de pesos.
En 2015, la agenda pública de Padrés Elías se redujo a escasos eventos, debido a los señalamientos de corrupción que habían trascendido las fronteras. Ante una serie de acusaciones sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, aún como gobernador, en febrero de ese mismo año, en compañía de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio, se vio obligado a hacer públicos los bienes familiares con un valor estimado de 261 millones 875 mil 633 pesos, cifra con la cual la Federación lo puso en su mira.
