Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, solicitaron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y exigieron que el Ejército entregue la información que oculta sobre el caso, luego de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Asencio, dijo que están tristes y enojados por no alcanzar la verdad y no se está cumpliendo con la palabra del Jefe del Ejecutivo federal.
“Nos sentimos tristes de no alcanzar la verdad, pero dejan buenas herramientas para que avancen con las investigaciones… Estos ocho años y 10 meses de caminar no han sido fáciles.
“Estamos muy desesperados, les pedimos a los medios que nos sigan acompañando, las madres y padres seguimos en pie”, destacó Bautista en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En su intervención, Mario González, padre del estudiante César Manuel, insistió en una reunión con el Mandatario federal y remarcó que es fundamental seguir las líneas de investigación del informe del GIEI para llegar a la verdad.
“Queremos decirle al Presidente que no nos falle, porque nos está fallando, que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él y la Sedena, en donde se comprometieron a darnos todas las facilidades para poder encontrar a nuestros muchachos. Creemos que está fallando a su palabra y eso es malo para un Presidente [de México]”, aseveró González.
Ya basta de tanta cerrazón, exigió: “Quisiera preguntar si la información está, ¿por qué no entregarla? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregarla?”.
El afectado expresó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una institución que da pena, porque se ha coludido con el narcotráfico y las víctimas son gente de a pie como los normalistas.
“Si el Presidente no nos da la apertura ¿quién más? Creo que tenemos derecho a la verdad, hay avances, hay detenidos, pero también tenemos que saber la verdad.
“Nos urge una reunión con el Presidente de la República para decirle que no se vale jugar con 43 padres y con los compañeros que nos apoyan, tenemos derecho de saber qué pasó con esos 43 estudiantes normalistas y que sea lo más pronto posible la reunión”, remarcó.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, señaló que ayer tuvieron un encuentro con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la cual fue ríspida, por lo que no van a aceptar otro informe de su lado.
Insistió enla reunión con el Mandatario federal, a fin de poner sobre la mesa, en términos objetivos, cuáles son los obstáculos para poner la información a disposición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, afirmó que los padres de los estudiantes manifestaron su tristeza por la salida del GIEI y porque no hay un fiscal del caso Ayotzinapa en el que se confíe.
“La sensación, por tanto, es de tristeza y es una mala noticia la salida del GIEI y lo que hoy pueden ver son los efectos de ese desánimo entre los padres y madres que a pesar de ello, están de pie y siguiendo su lucha por la verdad”, refirió.
Aguirre subrayó que el Ejército Mexicano sabotea el caso Ayotzinapa y la investigación para esclarecer la guerra sucia.
Indicó que en este sexenio se ha empoderado como nunca a los militares, lo que probablemente explique por qué el GIEI no ha podido acceder a toda la información de la Sedena en los últimos cinco años, para esclarecer los hechos.
El director del Centro Prodh expresó dos hipótesis por las que considera que los militares no permiten acceder a ciertos documentos.
La primera es que el propio caso ha puesto de relieve la permeabilidad del Ejército en Iguala ante el narcotráfico, lo que se ha obtenido gracias al trabajo del fiscal especial, al empuje del subsecretario Encinas Rodríguez, a los propios expertos, a las intercepciones de mensajería de teléfono celular que fueron aseguradas por autoridades estadounidenses en Chicago.
Esto muestra, añadió, cómo el grupo criminal (Guerreros Unidos) que operaba en la zona tenía un trato fluido constante con los militares del 41 y del 27 batallones, lo que nos habla de una realidad no de 2014, sino de una advertencia sobre los riesgos de la militarización.
La segunda hipótesis se basa en cómo se ha empoderado al Ejército en este sexenio, como nunca antes se había visto.
