Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que meta a la cárcel a funcionarios implicados en el caso.
Durante su reunión bimestral con el Titular del Ejecutivo, advirtieron que si para enero 2020 no hay resultados entonces subirán el tono de sus movilizaciones.
“En enero de 2020 será la próxima reunión y evaluaremos los resultados de la petición de hoy. [Exigimos] que haya consignaciones de los implicados y, si no las hay, se van a complicar las cosas”, informó Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, al término del encuentro.
Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los padres de familia, detalló que existen líneas de investigación que son suficientes para consignar a diversos responsables.
“Se exigió la consignación de personas responsables. Hay, en varias líneas de investigación, elementos suficientes como para consignar a varios sujetos, principalmente exfuncionarios que participaron en los hechos. Pedimos que se consigne a servidores policiales que participaron en las agresiones y a funcionarios que hicieron mal la investigación”, detalló.
“El compromiso del gobierno es que para enero haya resultados; esperamos que así sea, si no la movilización subirá de tono”, dijo.
Además del Presidente, en la reunión estuvieron Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda; Ángela Buitrago y Francisco Cox, ambos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Alejandro Encinas comentó que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que está llevando el proceso para citar a declarar a funcionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto involucrados en el caso, como el exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Criminal de Investigación.
“Para que los funcionarios que construyeron la mal llamada ‘verdad histórica’ puedan presentarse ante la autoridad”, señaló.
Dijo que los padres de familia siguen de cerca las investigaciones, pero rechazó que hayan impuesto plazos perentorios para el gobierno federal. Insistió en que será en diciembre cuando la fiscalía especial del caso entregue su informe con los primeros resultados de este proceso de reconstrucción total del caso.
Liberan a El Cuasi
Por una fianza de 10 mil pesos, un juez en Iguala, Guerrero, liberó a Marco Antonio Ríos Berber, uno de los primeros cuatro detenidos del caso Ayotzinapa. Exsicario del grupo Guerreros Unidos, el sujeto guardaba en su teléfono las imágenes de personas a las que presuntamente había asesinado y fue de los primeros en declarar sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que un juez ordenara la liberación de Marco Antonio Ríos Berber, alias El Cuasi, quien ya había sido reaprehendido después de darse a la fuga a Estados Unidos. De las 147 personas que habían sido detenidas por el caso fueron liberadas 77, entre ellas El Cuasi, dijo.
“Tenía que ir a firmar; dejó de ir a firmar, se volvió prófugo y ahora que se volvió a reaprehender y se presentó al juez, [éste] le dio libertad bajo caución”, lamentó.
Ríos Berber fue uno de los cuatro primeros detenidos por la desaparición de los estudiantes normalistas; presuntamente sicario del cártel Guerreros Unidos, declaró que a los estudiantes los habían asesinado, quemado y enterrado, e inclusive dijo que él había ido a comprar el combustible que se utilizó para incinerar los cuerpos.
Luego de su declaración, como parte de la investigación se localizó una fosa en la que estaban enterrados 28 cuerpos que, después se descubrió, no eran los normalistas y que no fueron identificados.
Al momento de detenerlo, la Fiscalía de Guerrero le encontró un teléfono celular donde almacenaba cuando menos 60 fotografías de personas retenidas, golpeadas, asesinadas, torturadas y enterradas en fosas clandestinas. Sin embargo, hace 15 días fue liberado tras pagar una fianza de 10 mil pesos.
“Luego tenemos respuestas muy lamentables por parte del Poder Judicial, como el caso de una persona que había estado prófuga de la justicia, la deportaron de Estados Unidos, que recibimos la alerta de deportación, se reaprehendió, se envió al juez que estaba en Iguala y lo liberó por una caución de 10 mil pesos hace 15 días. Seguimos haciendo el seguimiento de este comportamiento”, dijo Encinas.
