Pablo Gómez Álvarez sostiene la necesidad de modificar la organización del aparato electoral porque, a su juicio, en el Instituto Nacional Electoral (INE) “siempre han tenido cierta tendencia, han estado con la mayor parte del gobierno y han sido muy abiertos a lo que éstos les pedían”.
Y últimamente, asegura, el Instituto junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierra filas con la oposición. “Ni una cosa ni la otra están bien, son malas conductas de una institución que debe estar integrada por personas imparciales”, enfatiza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla sobre la iniciativa de reforma electoral planteada por el Ejecutivo federal, la cual fue elaborada por él (Pablo Gómez) y por Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
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Para Gómez Álvarez, dicha reforma busca poner fin a una crisis de representación política eliminando el sistema de sobrerrepresentación y rechaza que se pretenda desaparecer al INE, sino modificarlo. El INE tiene que rendir cuentas y tiene más de 400 personas que ganan más que el Presidente de la Republica, asegura.
“Si el INE es la gran cosa que se dice ser, que nunca lo fue y cada vez está peor, pero son lo que dicen ellos que son, pues hay que dejarlo para siempre. Pero llegamos al colmo del gigantismo, de la arrogancia y de la prepotencia; hay 400 personas que ganan más que el Presidente de la República, violando la Constitución. Si el sistema INE y su financiamiento tan alto, brutalmente costoso... si en realidad ese sistema no es eficiente y no es costoso, sino es uno de los mejores del mundo, como dicen ahí en el INE, entonces no hay que hacerle ningún cam-bio”, dijo.
Gómez Álvarez insiste en que el INE es costoso e ineficiente. “Y si se puede construir algo que no sea tan caro, entonces vamos a discutir cómo lo construimos, cómo reformarlo. El caso es no dejarlo como está, es cambiar la situación; primero, la representación; segundo, la organización del aparato electoral”.
Refiere que el INE debe estar integrado por personas imparciales, “que desde luego deben de tener sus convicciones políticas, y eso no se discute, pero que actúen con la legalidad y con total imparcialidad, es lo que queremos.
“El INE tiene que rendir cuentas. ¿Para qué quieren tantos consejeros?, es un exceso. Hay 400 servidores públicos que ganan más que el Presidente de la República y, ¿quién los detiene? Hacen maniobras para tener subejercicios”, recalca.
Sobre si esta propuesta llevaría a desaparecer al INE, Pablo Gómez enfatizó:
“Nadie dijo que hay que desaparecer al INE, claro que no, lo que queremos es reformarlo. Algunos consejeros ya se van, no van a estar en las elecciones presidenciales. Pero que vengan otros, que actúen en total legalidad, cumpliendo los requisitos de ley.
“Queremos que la iniciativa del presidente [Andrés Manuel López Obrador] se apruebe, que haya un debate abierto sin falacias, entre personas bien informadas que sepan qué es lo que se está proponiendo. Porque hasta ahora lo que se ha escuchado son ataques, no réplicas. Hay que ir a los debates claros y abiertos”.
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Sobre la propuesta de reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión, el titular de la UIF señala:
“Se plantea un nuevo sistema de representación política. Hay 300 curules en donde votan por el que quede y no alcanza a representar en la Cámara, sólo se representan los que votan por el que gana. Así es el sistema, ahí se engancha a los independientes, pero tienen que ganar la elección.
“El análisis que queremos hacer —añade— es que la cantidad de votantes que sufragan a favor de los candidatos que tienen mayoría en el total de los 300 distritos son menos de la mitad de los votantes, lo que quiere decir que la mayor parte de los votantes totales de este sistema se quedan sin representación, y la mayoría no se representa.
“Nosotros —refiere— queremos eliminar ese sistema de los 300 [diputados] porque hay una crisis de representación política, porque esos 300 no representan más que a la menor parte; además, los independientes no ganan, ese es el sistema que sirve para atenuar las contradicciones de los 300 distritos.
“Por un lado tenemos una muy mala representación de la mayoría y una nula representación de las minorías en cada distrito, y por otro lado tenemos la dictadura de las burocracias partidistas, y 200 plurinominales, esos son los 500 diputados que hay, unos están mal elegidos y otros están peor; es un sistema que permite la sobrerrepresentación, por eso es la propuesta”, aseveró.
“Lo primero que hay que discutir —subraya— es si el sistema que tenemos ahora es la gran cosa y vale la pena mantenerlo, a pesar de lo que es, o nos ponemos a plantear cómo lo modificamos”.
Leyenda urbana
Por otro lado, Pablo Gómez recalca que la UIF no bloquea cuentas. “Es una leyenda urbana, la UIF bloquea a personas, no cuentas; bloquea y se les impide que realicen operaciones en el sistema financiero. Esta unidad lo hace cuando debe hacerlo, porque no es opcional, es un mandato, es lo que la ley le encomienda”.
La UIF, explica, no es un tribunal que emita una sentencia irrevocable de los delitos de corrupción, su función es analizar las investigaciones con la información a la que tiene acceso por mandato de la ley. “Su función es analizar operaciones financieras, conductas en el sistema financiero, un elemento de apoyo a otras instancias del Estado que requieren sus servicios, desde el fiscal a las fiscalías de los estados, la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior del SAT, etcétera, con todos aquellos instrumentos que tiene el Estado mexicano. La UIF no persigue absolutamente a nadie”, puntualiza.
Admite Corte queja contra la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de la oposición contra las reformas que permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin notificar previamente al usuario por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Hasta ahora la Corte no ha dado a conocer qué ministro dio entrada a la acción de inconstitucionalidad que otorgó 15 días hábiles al Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que rindan sus informes.
Con información de Diana Lastiri
