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La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) contará con un presupuesto de 720 millones 369 mil pesos para el siguiente año, con el objetivo de indagar el paradero de más de 40 mil personas.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la CNB tendrá 262 millones 810 mil pesos para su operación, mientras que 457 millones 576 mil pesos servirán para subsidiar a las 29 comisiones locales de búsqueda que ya operan en el territorio nacional.
Por medio de un comunicado, la Segob dijo que con este presupuesto “se ratifica la prioridad que da a este tema el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el compromiso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para atender la crisis que vive el país en la materia”.
De igual forma, se explicó que para que las comisiones locales de búsqueda puedan acceder a los recursos públicos deberán cumplir con una serie de lineamientos.
El presupuesto que la CNB recibirá el siguiente año será hasta 45% mayor a lo que gestionó en 2019, cuando operó con poco más de 400 millones de pesos.
De esos 400 millones de pesos, un total de 248 millones 881 mil pesos fueron contribuciones federales otorgadas a 21 comisiones locales de búsqueda, además que de 90 millones de pesos sirvieron para construir el Centro de Identificación Humana, en Coahuila.
Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda, será la responsable de impulsar las acciones para encontrar a las miles de personas que han desaparecido en el país durante las últimas décadas.
Para lograr esto, la funcionaria cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que atender el tema de las desapariciones será central en su sexenio.
Para el año 2020 la administración pública federal tendrá el reto de cumplir las metas que se propuso durante todo este año, entre las que se encuentran comenzar a operar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el establecimiento de 15 panteones forenses, la construcción de cinco institutos forenses regionales, reforzar el personal de los servicios médicos forenses y terminar de constituir las otras tres comisiones locales de búsqueda que hacen falta.
De igual forma, otros compromisos del gobierno federal son aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, crear una base de datos genéticos a nivel nacional e implementar una ley de identificación humana.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue quien fijó estos retos en distintos momentos de 2019.
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México ha dejado ver que resolver el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa también es un eje prioritario para el gobierno lopezobradorista.
Exigen más que discursos
Mientras tanto, diversas organizaciones sociales y colectivos de familiares de víctimas han urgido al gobierno federal a mostrar avances en materia de desapariciones, más allá de los discursos y las promesas que se han realizado.
En su edición del pasado 10 de diciembre EL UNIVERSAL informó que esa misma petición la hacen integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, quienes valoran que el gobierno federal reconoce la crisis forense y de desaparecidos que hay en el país, sin embargo, alertan que no se han llevado a cabo acciones para revertir esta situación.
Aunque actualmente se tiene la cifra de 40 mil personas desaparecidas, este número se dio a principios de este año y después fue imposible actualizarlo porque el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se dejó de actualizar.
