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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que es el sexto desalojo de un campamento migrante que realizan agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), bajo intimidación, amenazas y a altas horas de la noche, como se llevó a cabo este miércoles 5 de junio, en la plaza Giordano Bruno.
Además, que dichas acciones violentas hacia las personas migrantes en México ocurren en el marco de la reciente orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que pretende cerrar la frontera norte de México para los solicitantes de asilo cuando los encuentros pasan un límite diario arbitrario.
“Una vez que entre en vigor, suspenderá el derecho a solicitar asilo de las personas que lleguen por fuera de los puertos de entrada oficiales, por su parte, el gobierno mexicano aceptó colaborar para recibir a las personas deportadas por Estados Unidos sean o no mexicanas”, explicaron las organizaciones.
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Reiteraron que estas políticas y acuerdos binacionales son los que obligan a las personas a quedarse en territorio mexicano por períodos de tiempo cada vez más largos, indeterminados e incluso de forma permanente.
“A pesar de colaborar con estas políticas, el gobierno federal mexicano no garantiza el derecho de las personas a solicitar refugio, a regularizar su estancia y, por ende, a acceder a derechos fundamentales como el trabajo, la salud o seguridad”, aseguraron.
Asimismo, que estos hechos, derivan en que las personas migrantes habiten en calles y campamentos de la Ciudad de México, razón por la que también son criminalizadas, haciéndolas responsables por las acciones y omisiones de las autoridades”, recalcaron las organizaciones.
Subrayaron que estos operativos no solo son arbitrarios, sino que se llevan a cabo de forma opaca, violenta; con el objetivo de desgastar física, mental y emocional a grupos de personas y familias migrantes, quienes han encontrado en los campamentos una forma de sobrevivencia, de cara a las políticas migratorias restrictivas de México y de Estados Unidos.
Así como al incumplimiento de las autoridades capitalinas de su obligación de garantizar el acceso a derechos de las personas consideradas huéspedes en la Ciudad de México.
Entre las organizaciones están:
El Grupo de Monitoreo Frontera Centro,la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa (CJR), Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Fundación Humano y Libre, Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México) y Defensoras de derechos humanos independientes.
También el albergue Tochan-Nuestra Casa, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Oscar Arnulfo Romero,Sin Fronteras IAP, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Racismo MX ,Programa Casa Refugiados, Espacio Migrante, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, Asylum Access México (AAMX), Haitian Bridge Alliance (HBA), Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI), Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana,Dignidad y Justicia en el Camino y Seminario de Niñez Migrante.
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bmc/apr
