La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, presentaron una propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ( Ley de Contrataciones ) que busca promover la competencia económica , mejorar el gasto público e incorporar mecanismos para controlar la corrupción .
En conferencia de prensa virtual, los participantes dijeron que la propuesta surge de un trabajo colaborativo entre estas instituciones con aportaciones desde su área de especialidad, y ha sido enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión en el marco del ejercicio de Parlamento Abierto que se desarrollará durante el mes de julio.
Alejandra Palacios, comisionada presidenta de Cofece, aseguró que “la actividad económica se va a reducir en los próximos meses y eso implicará que el gobierno recaudará menos impuestos, a la vez el gobierno tendrá más necesidades y en la medida que el gobierno compre en las mejores condiciones de calidad y precio, el dinero de presupuesto público alcanzará para más”
Los convocantes aseguraron que durante 2020 los gobiernos federal y de las entidades federativas podrían gastar más de 2 billones de pesos para la contratación de bienes y servicios, y hacerlo eficientemente pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios.
Esta propuesta pretende que el gasto público puede beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 68% del empleo en el país, construyendo una economía más incluyente, pero para que las contrataciones funcionen como un motor de recuperación económica es necesario renovar el marco normativo que las rige.
En su intervención Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico del SESNA, dijo que a nivel internacional las compras públicas son una área de riesgo para la corrupción y delitos de cohecho.
“La propuesta incluye el desarrollo de una Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas en la cual se realicen y registren todos los actos de procedimiento de contratación, incluyendo la ejecución y evaluación del contrato a través de estándares internacionales de apertura de datos”, precisó.
Por ello, los convocantes precisaron en la Ley de Contrataciones seis puntos para eficientar las compras públicas, en primer lugar plantea la creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas.
Establece una plataforma digital, completamente transaccional, y una estructura institucional que permita ordenar y consolidar un Sistema de Contrataciones Públicas a nivel nacional y abatir las complejidades de los múltiples sistemas en los ámbitos locales.
Así como, establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés y plantea el fortalecimiento de las reglas de planeación de las contrataciones públicas.
Otros de los puntos propuestos son introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos, tener controles para las “contrataciones de gran magnitud” y mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos.
Los organizadores recordaron que el gasto público es un instrumento fundamental para impulsar el crecimiento económico tras la pandemia, siempre que se ejerza bajo estrictas condiciones de libre competencia, imparcialidad, integridad y transparencia.
Las instituciones y organizaciones impulsoras proponen a los legisladores federales y estatales a realizar los ajustes al marco normativo en materia de contrataciones, con la finalidad de que éstos garanticen la reactivación económica y la mejora al acceso de bienes y servicios públicos.
En la conferencia remota también participaron Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, Mariana Campos de México Evalúa y Valeria Moy del IMCO.
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