La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe hacer públicas las resoluciones firmes en las que se ha sancionado a servidores públicos por el delito de corrupción, principalmente por la presentación de documentos apócrifos para obtener un beneficio económico.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras resolver la impugnación de un particular a quien le fueron negados esos datos.
“Resulta de alta relevancia conocer las resoluciones en las que se haya sancionado a servidoras o servidores públicos por la presentación de documentación que resulte apócrifa o falsa para la obtención de un beneficio económico, ya que el ilícito en comento va, generalmente, acompañado de actos de corrupción, y (…) en el combate a la corrupción son puntos clave y neurálgicos o nodales la transparencia y la participación de la sociedad a través de la vigilancia, pero también del escrutinio y las acciones y decisiones de las personas servidoras públicas en todos los ámbitos gubernamentales”, refirió el comisionado Adrián Alcalá Méndez al presentar el caso ante el pleno.
Expuso que los titulares de los órganos internos de control, así como los de las unidades de responsabilidades y los delegados de éstas en las empresas productivas del Estado deben informar al coordinador General de Órganos de Vigilancia y de Control de las investigaciones a su cargo de este tipo que revistan el carácter de relevante, considerando elementos como la calidad o nivel del servidor público involucrado en los hechos a investigar, que deberá ser igual o superior al de director general u homólogo en las entidades del Estado.
Otros factores para considerar relevantes los casos son que el monto de los recursos involucrados en los hechos, objeto de la investigación o la auditoría, rebase 10 millones de pesos; que tenga impacto político-social y que haya cobrado importancia en los medios de comunicación.
Los asuntos puestos a consideración de la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control deberán cumplir con identificación del asunto, un expediente asignado, saber la unidad administrativa responsable de la atención del asunto, además de los hechos que motivaron la actuación de la unidad administrativa responsable y una propuesta respecto a la autoridad que, en su caso, deberá investigar o sustanciar el procedimiento correspondiente, detalló el comisionado.
En el caso expuesto, un particular que pidió información de las resoluciones en las que se ha sancionado a servidores públicos por la presentación de documentación apócrifa para la obtención de un beneficio económico.
