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Un juez federal ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) permitir que el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ingrese a las estaciones migratorias de todo el país para representar jurídicamente a los extranjeros detenidos en esos lugares.
El pasado 2 de enero, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al organismo para que la dependencia permita el acceso a asesores jurídicos, defensores públicos y oficiales administrativos.
De acuerdo con el IFDP, una vez que los abogados ingresen a las estaciones podrán brindar información en materia de derechos humanos de migrantes y sujetos a protección internacional, ofrecer servicios de asesoría y representación legal, así como recopilar datos sobre posibles violaciones relacionadas con los trámites, las condiciones humanitarias, sanitarias y alimenticias de los centros.
“Esta suspensión, que tiene efectos desde este jueves 2 de enero del año en curso, garantiza que las personas migrantes tengan acceso a una defensa efectiva, derecho limitado por las autoridades migratorias debido al confinamiento en el que se encuentra este grupo, lo que ahonda sus condiciones de vulnerabilidad”, indicó el instituto, encabezado por Netzaí Sandoval.
La suspensión concedida por el juez Octavo es provisional y el próximo 13 de enero se realizará la audiencia incidental en la que decidirá si la concede o no en definitiva para que permanezca vigente mientras se resuelve el amparo.
El amparo fue presentado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública desde el 19 de diciembre pasado, y en su demanda el organismo reclamó la emisión del oficio INM/OSCJ/DAG/CS/2419/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, en el que negó el acceso o ingreso a los defensores públicos federales a las estaciones migratorias.
Luego de realizar algunas precisiones requeridas, el juzgador admitió la demanda y fijó para audiencia constitucional el próximo 7 de febrero, en la que definirá si concederá o no el amparo.
En sus demandas de amparo, el organismo alega que la prohibición del Instituto Nacional de Migración para que sus abogados ingresen a sus estaciones, le impide llevar a cabo su labor de defensoría jurídica a los extranjeros.
