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Cinco años después de que estalló el escándalo del caso Odebrecht en América Latina, éste por fin llegó a tocar a un exfuncionario de primer nivel en México. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración pasada, así como de su esposa, mamá y hermana, por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña.
Además, la fiscalía giró también orden de captura contra Nelly “A”, propietaria de la casa en Ixtapa Zihuatanejo que presuntamente Altos Hornos de México, S.A., (AHMSA) habría regalado a Lozoya.
A través de una tarjeta informativa, la institución informó que los imputados cuentan con ficha roja de la Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex) e indicó que este caso “por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.
Resaltó que después de que en 2017 se inició la investigación por el caso Odebrecht en México, y que durante años no obtuvo judicialización, este viernes se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.
La dependencia federal recordó que el pasado 6 de mayo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró en conferencia de prensa que en menos de dos meses se judicializaría este caso.
“La FGR cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente”, indicó.
La fiscalía señaló que presentó ante el juez de Control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación.
Emilio Lozoya Austin y su hermana Gilda también cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero en la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados. En el mismo caso está Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, quien fue detenido en España y quien hoy se encuentra en libertad bajo fianza tras pagar un millón de euros.
La acusación derivó de que las autoridades hallaron transacciones bancarias en México y el extranjero que consideraron no coinciden con los ingresos de los tres imputados.
En respuesta a esta orden, Javier Coello Trejo, abogado de la familia Lozoya, informó que presentó un amparo contra la orden de aprehensión del ex titular de Pemex, y de ahí pretende conocer con detalle de qué se le acusa a cada uno de los señalados; y comentó: “Con la familia no se mete uno”.
“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió, no por Emilio, porque la carpeta —si es que viene de Odebrecht, como dice la FGR— pues eso ya lo sabíamos, teníamos conocimiento, lo que me impacta es que en la carpeta que yo vi, que tengo copias, no aparecen la hermana, la esposa, la mamá, ¿qué les pasa?”, dijo.
“No quiero opinar todavía hasta que no conozca cuál es la acusación, pero, con todo respeto, con la familia no se mete uno. Si se quieren fregar a Emilio, pues ni modo, él fue funcionario público, ¿pero la familia, la esposa, la hermana, la mamá, una señora de 71 años de edad? Es algo injusto”, agregó.
Antecedentes. En México, el caso Odebrecht —llamado “la mayor red de sobornos de la historia”— inició en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre sobornos de la empresa brasileña en países de América Latina y África, entre los que se incluyó a México, con un monto de 10.5 millones de dólares.
El 25 de enero de 2017, Pemex aseguró que presentó ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable ante posibles actos de corrupción sobre el caso, y el 15 de febrero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que ofrece pistas sobre la ruta de los 10.5 millones de dólares que la empresa brasileña repartió en México.
El 16 de febrero, Raúl Cervantes, titular de la entonces PGR, viajó a Brasil para intercambiar información sobre el caso.
Un mes después, el 13 de abril, se dio el primer señalamiento en contra de Emilio Lozoya Austin, quien fue acusado por Hilberto Mascarenhas Alves da Silva de haber recibido un soborno por 5 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña con contratos de Pemex.
El 16 de mayo, la PGR toma declaración en Brasil a Marcelo Odebrecht, quien señala a Lozoya de haber recibido sobornos para asegurarle a su firma contratos en Pemex.
Un mes después, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió una denuncia en contra de Emilio Lozoya por posible delito de financiamiento ilícito a campañas electorales.
El 18 de octubre Santiago Nieto, titular de la FEPADE, acusa a Emilio Lozoya de presionarlo para que declarara públicamente su inocencia sobre el caso. Dos días después, Nieto Castillo es removido de su cargo y el 12 de diciembre la Función Pública inhabilita a la empresa Odechecht por cuatro años.
El 19 de noviembre de 2018, una jueza falla a favor de Lozoya, a fin de que no sean difundidos datos sobre la investigación del caso.
El 14 de febrero de 2019, la FGR detalla que el gobierno de México se comprometió desde 2017 “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por el caso de presuntos sobornos,
La FGR indicó que el extitular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, suscribió un convenio por el cual Brasil se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que las autoridades mexicanas no procedieran penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de esa firma.
