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Por segunda ocasión, una jueza federal ordenó la libertad provisional de ocho militares acusados del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, al considerar que la prisión preventiva justificada que les dictó en febrero de este año era excesiva e innecesaria.
De esta manera, sólo quedan en prisión el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que en septiembre cumple una década.
En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no contaba con elementos de prueba suficientes para acusar a los soldados de presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del secuestro y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Y pese a que la Guardia Nacional advirtió de un posible riesgo de que los militares se evadan de la justicia, Duarte Cedillo ordenó modificar la prisión preventiva a los militares identificados como Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en las próximas horas saldrán de nueva cuenta de la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo anterior, a cambio del pago de una garantía de 100 mil pesos y la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días, así como el retiro de sus pasaportes y la prohibición de salir del país, para evitar que se fuguen de la justicia, informó la defensa de los militares, que todavía permanecen en prisión.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Prodh), que lleva la defensa de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, acusó que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió el cambio de medida cautelar a los ocho militares con un “criterio parcial y sesgado”.
Además, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”.
Esto, añadió, “confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”.
En febrero de este año, los ocho militares fueron reencarcelados luego de que la jueza Duarte Cedillo ordenó su captura, después de que unos meses antes había ordenado su libertad provisional.
Los soldados son acusados por los testigos protegidos “Carla” y “Neto”, de recibir sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos y sus abogados acusaron a la FGR de echar mano de testigos protegidos que han cambiado sus versiones de manera innumerable, además de que han sido señalados de inventar pruebas y dichos.
