En un hecho inédito, dos jueces federales emitieron resoluciones contra el proceso de discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. La suspensión se emitió para efectos de que el proyecto de dictamen no surta efectos para los quejosos, lo que implica que no pueda ser sesionado por la 66 Legislatura hasta que se emita la suspensión definitiva.
Derivado de un amparo promovido por un grupo de jueces para frenar el dictamen, la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la nueva 66 Legislatura en San Lázaro suspender la discusión de la propuesta, programada para mañana lunes, ya que al aprobarse los quejosos quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargo.
La jueza pidió a la Cámara de Diputados informar al juzgado a su cargo sobre el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada en favor de los jueces y advirtió que la violación a la misma podría equipararse al delito de abuso de autoridad.
Lee también PAN celebra suspensión de discusión de la reforma al Poder Judicial en San Lázaro
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable”, indicó la juzgadora.
En el acuerdo publicado el viernes, Magaña López señaló que otorgar la suspensión de oficio a los jueces no afecta al interés social ni disposiciones del orden público y que es necesario que se garantice la independencia judicial de cualquier juez en un Estado de derecho.
“Tal como lo estableció la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas, para así asegurar a la sociedad que el acceso a la justicia será libre de presiones”, expuso.
Lee también Jueces ordenan suspensiones a discusión sobre reforma judicial en San Lázaro
Felipe Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, determinó que ambas Cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores) podrán seguir con el proceso legislativo de las reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Sin embargo, en caso de que estas sean aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados, deberán abstenerse de enviarlas a los Congresos de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación constitucional, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó otro grupo de jueces inconformes.
Los jueces adscritos en Chiapas impugnaron la iniciativa de reforma judicial, al considerar que afecta sus derechos fundamentales, que sería imposible reparar en caso de que sea aprobada.
Lee también Paro de labores se mantendrá hasta que caiga la reforma judicial, aseguran trabajadores del PJF
Cuatro magistrados del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenir ante “una destitución masiva” de jueces, prevista en la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La destitución masiva fraguada por el grupo en el poder es inminente. Mediante un abuso del modelo de reparto de curules han logrado asegurar una mayoría legislativa en la Cámara Baja que les permite modificar la Constitución sin ningún tipo de contrapeso”, alertaron a los representantes permanentes ante la OEA en una carta.
Como respuesta a las resoluciones judiciales que ordenan a la Cámara de Diputados suspender la sesión del próximo lunes del dictamen de reforma judicial, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la mayoría legislativa no se someterá a la jurisdicción de los dos jueces que lo ordenan.
En un video difundido en redes sociales, el morenista consideró que es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo.
“Esta Cámara de Diputados ha recibido notificación de dos juzgados de Distrito de Morelos y Chiapas donde pretenden que el proyecto de reforma constitucional en materia judicial no sea discutido ni votado esta Legislatura”.
Lee también Reforma Judicial debe considerar suficiente formación académica para jueces: Canaco CDMX
Expuso que ello no sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución.
Monreal Ávila afirmó que no se puede tolerar que personas ajenas al Congreso intervengan en el poder revisor de la Constitución.
“No podemos admitirlo, es inadmisible porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada en esta soberanía y en los Congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional”, recalcó el diputado guinda.
Lee también Sheinbaum fija la ruta para la reforma judicial
Dijo que detrás de las resoluciones de los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto está el interés de frenar la histórica reforma en beneficio de la población y la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios.
Ante ello, manifestó que no es extraño que quienes buscan obstaculizar la reforma con una conducta similar forman parte de sectores vinculados con este Poder Judicial. En este caso, indicó: “Es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo, sean los propios titulares de los Juzgados de Distrito”.
Monreal Ávila indicó que en el artículo 135 de la Constitución se establece que para las adiciones o reformas lleguen a ser parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso las apruebe por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de Legislatura de los estados y de la Ciudad de México.