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El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que por instrucción presidencial solicitaron a la Visitaduría de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrir procesos de investigación contra jueces, ministerios públicos y responsables de la entonces PGR por las irregularidades en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente, Encinas Rodríguez no descartó que la indagatoria llegue hasta el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, así como a Tomás Zerón, encargado de la investigación.
Al hacer un balance de la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto jefe de Guerreros Unidos en Iguala y vinculado a la desaparición de los estudiantes, Encinas dijo que la resolución del juez Samuel Ventura Ramos sienta un precedente grave que podría dejar en libertad a 50 implicados más, es decir, la mayoría de los detenidos por el caso.
Recordó que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018 se detuvieron a 169 personas, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.
Empero, a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes. “Ahora, con el precedente de la libertad absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”.
Señaló que de las 107 pruebas recabadas en distintas averiguaciones previas, solamente subsisten 44 consideradas “fundamentales”, al tiempo que se han desestimado 22 detenciones ilegales, además de 29 casos registrados de tortura e irregularidades en la puesta a disposición.
En la lista de liberaciones se encuentra Felipe Flores Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública en Iguala, quien presuntamente fue el responsable de entregar a los estudiantes al grupo delictivo Guerreros Unidos.
También se encuentra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien presuntamente ordenó detener a los normalistas. Encinas aclaró que el perredista está preso por el asesinato del síndico de Iguala, Arturo Hernández.
Critica actuación de juez. El subsecretario criticó que el juez Ventura Ramos determinara que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada y desestimó 44 pruebas contra López Astudillo, a quien buscaban por secuestro, y dijo que sólo analizó una parte de los tomos y que el imputado fue sometido a tortura.
“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada. Lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se pueda establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa.
“Hay que decirlo con toda claridad: la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.
Encinas exhortó a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar responsabilidades.
“Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes”, destacó.
